Los obispos del Sur de España, reunidos en Córdoba, afirmaron que el nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía, que será sometido a referendo el 18 de febrero, «equipara los efectos jurídicos del matrimonio y de la familia fundada en el matrimonio, a otro tipo de uniones, lo que inevitablemente acaba por debilitar y desestabilizar el matrimonio y la familia».
Según informó Odisur a través de un comunicado remitido a Europa Press, también consideran los obispos que el Estatuto incluye en su articulado que la educación pública, definida como laica, «conforme al carácter aconfesional del Estado tendrá en cuenta las creencias religiosas de la confesión católica y de las restantes confesiones existentes en la sociedad andaluza», pero consideran que esta afirmación «no es garantía suficiente que evite dar cobertura a políticas laicistas que no reconocen el valor social y la dimensión pública de la religión como derecho fundamental de la persona».
De este modo, aluden a que la Constitución de 1978 habla claramente de una colaboración de los poderes públicos con la Iglesia Católica y con las demás confesiones religiosas.
Asimismo, señalan que la tutela efectiva de la libertad de la Iglesia Católica en Andalucía forma parte de la salvaguarda de la identidad histórica de nuestro pueblo, en el pasado y en el presente. Por eso, dicen que «llama la atención que en el Preámbulo, en el que se hace una reflexión sobre la identidad y la historia de Andalucía, no se haga mención alguna a la cultura cristiana de la sociedad andaluza y española».
De otro lado, dicen que «aprecian con satisfacción que el Estatuto recoge ampliamente y desarrolla los derechos sociales de los ciudadanos, particularmente los que asisten a las personas discapacitadas o dependientes; a los jóvenes que seincorporan al trabajo; a los ancianos; y a las minorías sociales cuya identidad cultural e integración el Estatuto ampara».
Sin embargo, consideran que la regulación de los derechos y los deberes que se hace en el Título I del Estatuto sigue siendo «preocupante». Los obispos quieren dejar claro que no es su cometido pronunciarse sobre la pertinencia jurídica de que estos derechos, que ya están regulados por la Constitución, formen parte de un Estatuto de Autonomía, pero, sin embargo, ven «con inquietud cómo están redefinidos algunos de esos derechos, como los que se refieren a la protección íntegra de la vida humana y a la protección de la familia basada en el matrimonio verdadero».
Según afirmaron, en el nuevo texto persiste una regulación de los poderes públicos «claramente intervencionista, que atribuye a la Administración pública una capacidad para controlar demasiados aspectos de la vida social, con un protagonismo que pone en riesgo el desarrollo democrático de la sociedad».
Entre los ya citados anteriormente, señalan que algunos artículos pueden dar protección jurídica a «graves ataques a la vida humana, que la Ley debe tutelar y amparar desde el momento de su concepción y su fase inicial de desarrollo hasta su fin natural».
De este modo, aseguran que el Estatuto «hace concesiones a la «ideología de género» vigente, que propone una «pretendida valoración neutra de la sexualidad humana de espaldas a los fundamentos antropológicos de la diferenciación de los sexos y de su complementariedad».