(Batalla contra la ley de Educación para la Ciudadanía)
Quien lo lea con atención comprobará que el titular resume todo el texto siguiente.
Nuestros obispos, conquistadas las trincheras de la clase de religión y de la generosa financiación por parte del erario pública, lanzan ahora el ataque contra el gobierno socialista en el asunto de la ley de Educación para la Ciudadanía. De nuevo es el “gobierno de Dios” (teocracia) contra el “gobierno del pueblo” (democracia), la ley de Dios contra el relativismo moral.
El gobierno socialista, dentro de un proceso legislativo de progreso y modernización, ha percibido una carencia: no es la catequesis escolar o clase de religión, tolerada en aras de la paz con la Iglesia, la que va a armar en valores a una sociedad en buena parte desvertebrada . Y, por ello, dentro de sus competencias educativas legítimas, busca facilitar al alumnado un marco mínimo de valoración de los derechos humanos universales y constitucionales para la sana convivencia. Para establecerlo, no puede echar mano de ningún magisterio especial. En democracia sólo el consenso popular –mediante la representación parlamentaria- arbitra si no las normas morales, que no son de su competencia, sí las reglas mínimas de juego para una convivencia de suficiente calidad en una sociedad cada vez más pluralista.
Ahí se inscriben las leyes sobre despenalización del aborto, matrimonios de homosexuales y ahora la ley en beneficio de una mínima educación ciudadana. ¿Podía ser de otro modo en un estado laico? Rotundamente no –incluso desde un sano pensamiento filosófico y teológico acorde con el democrático. Ésta es no sólo potestad sino obligación del estado; y muchos cristianos exigimos, sí, exigimos que el gobierno no “se arrugue” ante los obispos.
Sin duda, es preciso ser comprensivos con unas autoridades eclesiásticas de escasa representatividad y más tenue formación teológica. Los obispos hacen el siguiente razonamiento: toda verdad, bondad y moral tiene en Dios su fundamento. Ahora bien tales valores han sido confiados a la única y verdadera religión revelada de la que la jerarquía episcopal es depositaria y guardiana. Por consiguiente, y en el caso –un mal menor- de un estado laico que no reconoce y más bien contradice al magisterio eclesiástico, los obispos tienen el deber de llamar a los fieles a la resistencia y desobediencia civil. En estricta lógica teocrática es lo que están haciendo y muchos cristianos poco formados y menos críticos caen en la trampa.
Así de delicado es el asunto de la relación entre una Iglesia., depositaria de la verdad, y un estado que no está sometido a ningún magisterio extrínseco y que, de todas formas, no tiene como función dictar verdades o leyes morales sino buscar con todos los ciudadanos de una sociedad plural unas reglas de juego para la convivencia. Y entiende hacerlo del único modo a su alcance, poniendo en valor y potenciando los consensos éticos universales que se han plasmado en la Carta de Derechos Humanos recogidos por nuestra Constitución pero todavía no firmados por la Iglesia Católica.
Así se plantea la dialéctica entre Teocracia y Democracia, entre Absolutismo doctrinario y Relativismo político, entre el dios patrimonio de una iglesia y la autonomía del llamado ‘orden temporal’. El más riguroso sentido común sabe cómo se sale de tal aparente contradicción. Parece que la Conferencia Episcopal aún no lo ha estudiado bien. Por fortuna se está quedando sola.
