Si el debut en Europa no fue el esperado por los socialistas, después de que la fotografía del presidente español fuera sustituida por la del popular cómico británico Mr. Bean, los próximos meses se presagian tormentosos para el gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero. Y es que, varias asociaciones de internautas, blogueros y especialistas en tecnología anunciaron ayer su decidida intención de aprovechar el mandato español en la Unión Europea para dejar constancia de su profundo malestar por el propósito del Ministerio de Cultura de prohibir el libre intercambio de contenidos a través de la red de redes.
De hecho ya han colgado una página web (http://red-sostenible.net), donde explican el motivo de esta movilización social y anuncian su voluntad de, a partir de marzo, «invadir todos los espacios involucrados en legislar contra la ciudadanía», lo que incluye el Parlamento, los festivales del programa de la presidencia española de la UE, el II Congreso de Economía de la Cultura (29 y 30 de marzo en Barcelona), la Reunión Informal de ministros de Cultura (30 y 31 de marzo en Barcelona) y la reunión de ministros de Telecomunicaciones (18 a 20 de abril en Granada).
«La ciudadanía no puede permitir de ninguna manera que sigan los intentos de vulnerar derechos fundamentales de las personas, sin la debida tutela judicial efectiva, para proteger derechos de menor rango como la propiedad intelectual», señala el manifiesto subido por los internautas a la red. Según explicaron los impulsores de Red SOStenible, entre los que se encuentran algunos de los internautas que se reunieron con la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, el objetivo de la plataforma ciudadana es «coordinar una respuesta conjunta» al cierre de páginas web e «iniciar una ofensiva para garantizar una regulación del entorno digital que permita expresar todo el potencial de la red y de la creación cultural respetando las libertades fundamentales».
«Divertidas y eficaces» En cualquier caso, los promotores de esta iniciativa coincidieron en señalar que irán dando a conocer paulatinamente su calendario de actuaciones. «Jugaremos con el factor sorpresa, que es como las acciones son más divertidas y eficaces», describieron. Así pues, las semanas que se avecinan serán cruciales para reconducir la insurrección local que los internautas quieren adjetivar de global, haciendo suya una de las máximas que rigen la Era Digital: Think locally, act globally.
La red SOStenible promoverá, de este modo, una campaña de «desobediencia masiva», ofreciendo a cualquiera que tenga un blog o página web la posibilidad de insertar un buscador de descargas. Alrededor de un millar de páginas y blogs personales se habían unido ya a esta campaña a través de la página www.lalistadesinde.org en defensa del libre intercambio de cultura y como forma de «retar» al Gobierno español a que bloquee también todas esas webs de usuarios, explicó el portavoz de Activistas.net, Daniel Vázquez. «No lo vais a conseguir. Este es un disparate legislativo que se os va a caer encima», añadió Vázquez, quien aseveró que «Internet es una gran máquina de copia y quienes no se adapten se quedarán fuera del mercado».
«No somos piratas y la piratería no tiene nada que ver con nosotros. Defendemos las normas del juego, los derechos y las libertades civiles», subrayó, por su parte, la coordinadora de Mujeres en Red, Montserrat Boix. Aunque los integrantes de esta plataforma ciudadana se mostraron ayer convencidos de que las medidas antipiratería contenidas en la Ley de Economía Sostenible «fracasarán por sí solas», consideraron también necesario defenderse de la agresión a los derechos civiles en la Era Digital, que «vienen de muchos lados», según Simona Levi, artista y socia de Exgae, una asesoría legal especializada en «librar a los ciudadanos de los abusos de las entidades de gestión y la industria cultural».
Industria obsoleta Para otro de los integrantes de red SOS-tenible, el músico y socio de la SGAE Eme Navarro, las medidas legales que pretende aprobar el Ejecutivo español «están hechas a medida de una industria obsoleta, caduca y moribunda» y vulneran «la libertad de creación y difusión de las obras». Precisamente, una de las cuestiones que ha merecido las críticas de este colectivo es que las medidas incluidas en la llamada Ley de Economía Sostenible contribuirán a mermar la capacidad que las empresas que funcionan a través de Internet tienen de crear empleos puesto que amenazan seriamente los contenidos de la red de redes.
Según el coordinador de la Asociación Europea de Profesionales y Empresas de Software, Alberto Barrionuevo, «la imprecisión jurídica» de la nueva normativa propugnada por el gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero entre las airadas protestas ciudadanas «es todo lo contrario que se necesita para invertir y generar empleo». También forman parte de este colectivo las asociaciones de internautas y de usuarios de Internet, cuyos portavoces destacaron que «nunca la cultura estuvo tan viva en Internet» y que los criterios de actuación recogidos en el anteproyecto de ley «no benefician ni al creador ni al usuario, sólo al intermediario». No en vano, los numerosos colectivos adscritos a la plataforma Red SOS-tenible sostienen que uno de los principales puntos de confrontación es la creación de una Comisión de Propiedad Intelectual dependiente del Ministerio de Cultura encargada de recibir, tramitar y presentar al juez las denuncias de autores o entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual que se consideren agraviados por el intercambio de contenidos a través de la red de redes.
Así, consideraron que si la Ley de Economía Sostenible se aprueba, «se permitirá que una ley ordinaria otorgue rango de derecho fundamental al derecho a participar en el mercado de la cultura y, le dé prioridad sobre otros derechos fundamentales», así como que se establecerá «un procedimiento punitivo a la carta para casos en los que los tribunales ya han manifestado que no constituían delito».
Asimismo, advirtieron de que si la Comisión de la Propiedad Intelectual se constituye tal y como está prevista en el anteproyecto, este nuevo órgano asumirá «funciones decisorias vinculantes» y los derechos de libertad de expresión «pueden verse reducidos a derechos de papel, irrealizables por cuanto no existirán garantías previas reales que los protejan ante las decisiones del Estado». «Quien decide si una información es o no ilícita, si vulnera la Ley de Propiedad Intelectual, si puede o no estar publicada, no es un juez, es el Gobierno», concluyeron los internautas.
MOTIVOS DE LA RED SOSTENIBLE
l Viola los derechos constitucionales en los que se ha de basar un estado democrático en especial la presunción de inocencia, libertad de expresión, privacidad, inviolabilidad domiciliaria, tutela judicial efectiva, libertad de mercado y protección de consumidores, entre otros.
l Genera para Internet un estado de excepción en el cual la ciudadanía será tratada mediante procedimientos administrativos sumarísimos reservados por la Audiencia Nacional a narcotraficantes y terroristas.
l Establece un procedimiento punitivo a la carta para casos en los que los tribunales ya han manifestado que no constituían delito, implicando incluso la necesidad de modificar al menos cuatro leyes, una de ellas orgánica. Esto conlleva un cambio radical en el sistema jurídico y una fuente de inseguridad para el sector de las TIC (Tecnología de la Información y la Comunicación).
l Los mecanismos preventivos urgentes de los que dispone la ley y la judicatura son para proteger a toda ciudadanía frente a riesgos tan graves como los que afectan a la salud pública. El gobierno pretende utilizar estos mismos mecanismos de protección global para beneficiar intereses particulares frente a la ciudadanía. Además la normativa introducirá el concepto de «lucro indirecto», es decir: a mí me pueden cerrar el blog porque «promociono» a uno que «promociona» a otro que linka a un tercero que hace negocios presuntamente ilícitos.
l Recordamos que la propiedad intelectual no es un derecho fundamental, contrariamente a las declaraciones del Ministro de Justicia, Francisco Caamaño.
l Entendemos que no es necesaria, ya que con la legislación actual existen procedimientos que permiten actuar contra webs cuando presuntamente se esté incumpliendo la legalidad. Por lo que no queda sino recelar de las verdaderas intenciones que la motivan.
l Consideramos que la propuesta del gobierno no sólo es un despilfarro de recursos sino que será absolutamente ineficaz en sus presuntos propósitos y deja patente su absoluta incapacidad de entender los tiempos y motores de la Era Digital.