A finales de mayo, Amnistía Internacional (AI) presentó, como todos los años, su informe anual. A continuación damos cuenta del capítulo de este estudio dedicado a los casos de vulneración de los derechos humanos en España.
El Informe de Amnistía Internacional 2006, en el comienzo del capítulo que examina las violaciones a los derechos humanos en España, señala, en otras cosas, que el 9 de noviembre de 2005, el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa presentó un informe sobre la visita que había realizado a España en marzo. En él criticaba la restricción que impedía a los abogados entrevistarse en privado con algunas personas detenidas y los mecanismos de indemnización a las víctimas de tortura o malos tratos.
En diciembre, España ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que había firmado en abril.
En lo que respecta a la violencia contra las mujeres, el informe recuerda que en enero del año pasado entró en vigor la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, aprobada en diciembre de 2004. La ley tenía por objeto reunir en un solo instrumento medidas de prevención, ayuda y protección para las víctimas de violencia, así como medidas destinadas a procesar, investigar y castigar todo delito cometido en este ámbito. La ley garantizaba asimismo el derecho de las víctimas que presentasen denuncias formales a recibir ayuda integral, como la asistencia letrada gratuita y el acceso a servicios de salud y a una vivienda. Por primera vez, la ley reconocía que determinados grupos de mujeres corrían un riesgo mayor de sufrir violencia de género.
En junio entraron en funcionamiento 17 Juzgados de Violencia sobre la Mujer, dedicados exclusivamente a casos de violencia por motivos de género, y se facultó a otros 433 tribunales para conocer casos de abusos contra las mujeres en el ámbito familiar. Sin embargo, señala el informe, «aunque la nueva ley reforzaba la protección contra la violencia doméstica, su aplicación no fue tan eficaz como se había esperado, pues suponía una carga adicional para la víctima, que debía presentar una denuncia formal y solicitar medidas formales para que se pusiera en marcha su propia protección». Además, añade, sólo un 5% de las mujeres que sufrían violencia de género presentaron denuncias, y muchas de éstas sufrían la indiferencia de las autoridades gubernamentales o debían hacer frente a interrogatorios faltos de sensibilidad que las desanimaban a emprender acciones judiciales.
Las sobrevivientes de la violencia doméstica continuaron enfrentándose a considerables trabas para obtener ayuda, protección y justicia. Los prejuicios y las prácticas discriminatorias de instituciones públicas, así como la falta de coordinación entre los organismos gubernamentales con competencias en este ámbito, aumentaron los obstáculos para los grupos más vulnerables, en particular las mujeres inmigrantes indocumentadas, las mujeres romaníes y las mujeres con discapacidades, trastornos mentales o adicciones, asegura AI en su estudio.
Durante 2005, el Ministerio del Interior introdujo un protocolo que estipulaba, en conjunción con la Ley de Extranjería, que las autoridades de inmigración debían proseguir con las sanciones administrativas y los procesos de expulsión en el caso de mujeres inmigrantes en situación irregular que hubieran solicitado protección como víctimas de la violencia de género, una vez que se hubiesen registrado sus denuncias. En noviembre, Amnistía Internacional pidió que se retirara el protocolo alegando que constituía una práctica ilícita de discriminación.
Homicidios y malos tratos de inmigrantes
Las personas que huían de la violencia, la injusticia y las privaciones y que lograban cruzar las fronteras meridionales de España en el norte de África, las Islas Canarias y Andalucía siguieron encontrándose con obstáculos a la hora de acceder a los procedimientos de asilo, constata el informe. Se negaba a los solicitantes de asilo la orientación y el apoyo jurídico necesarios. En Ceuta y Melilla, los inmigrantes permanecían recluidos en centros de internamiento masificados y muchos fueron devueltos ilegalmente a Marruecos.
El acoso a inmigrantes en campos no oficiales de Marruecos y las medidas adoptadas para elevar las vallas que rodeaban Ceuta y Melilla dieron lugar desde finales de agosto a intentos en masa de cruzar la frontera hasta territorio español. Al menos 13 inmigrantes murieron y decenas resultaron heridos, muchos de ellos, según diferentes informes, a consecuencia del uso excesivo de la fuerza o de malos tratos por parte de los cuerpos de seguridad españoles y marroquíes. A pesar del anuncio del presidente Zapatero de que las autoridades de ambos países realizarían una investigación conjunta, al concluir 2005 no parecía que se hubiese iniciado dicha investigación
A finales de septiembre, las autoridades españolas desplegaron 480 soldados adicionales para vigilar las fronteras. Durante ese mismo periodo, cerca de 2.000 inmigrantes y solicitantes de asilo que habían logrado entrar en Ceuta y Melilla permanecían en centros de estancia temporal. Otros fueron expulsados ilegalmente.
El 28 de diciembre de 2004 se expulsó ilegalmente a varias personas, entre ellas solicitantes de asilo que ya habían entrado en España, uno de los cuales era un menor de 15 años procedente de Guinea-Conakry que sufrió abusos físicos. En mayo de 2005, el Ministerio del Interior admitió que se había expulsado sumariamente al menor porque había sido encontrado entre las dos vallas de Ceuta.
En octubre, según algunos informes, las autoridades marroquíes trasladaron en autobuses a cientos de hombres, mujeres, niños y niñas a la frontera con Argelia. Ese mismo mes, la organización de ayuda internacional Médicos Sin Fronteras comunicó que había encontrado a más de 500 migrantes, en algunos casos esposados unos a otros, a quienes las autoridades marroquíes habían abandonado en el desierto sin agua ni alimentos.
Malos tratos institucionales
En febrero, la Guardia Civil declaró que las pistolas Taser y otras armas paralizantes de electrochoque no eran de uso oficial. El Ministerio del Interior confirmó en abril que no se había adquirido esta clase de dispositivos, pero reconoció que «no existe ninguna norma específica para regular los posibles abusos de este tipo de armas».
No obstante, según informes, la Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil, así como fuerzas de la policía local de las Islas Canarias, Espartinas (Sevilla) y Alcalà de Xivert (Castellón) habían importado y utilizado tales armas. Al parecer, un detenido murió a consecuencia del uso excesivo de la fuerza, que incluyó la utilización indebida de una pistola Taser, subraya AI.
Juan Martínez Galdeano murió mientras estaba detenido bajo custodia de la Guardia Civil en Roquetas de Mar (Almería) el 24 de julio. Según una investigación interna, las secuencias de un circuito cerrado de televisión mostraban que se habían utilizado una porra y una pistola Taser para inmovilizarlo. Una autopsia reveló una relación causal entre la muerte del detenido por «desfallecimiento de tipo respiratorio o cardiorrespiratorio» y el trato que recibió mientras permaneció detenido. Estaba esposado de pies y manos y tenía en el cuerpo numerosas contusiones que coincidían con las causadas por los golpes de una porra. Se dictó auto de procesamiento contra dos agentes de la Guardia Civil por varios cargos, entre ellos, negligencia con resultado de muerte y trato inhumano y degradante.
Por otra parte, el Defensor del Pueblo español expresó en un informe su preocupación por las condiciones de los centros de detención de menores. Muchos centros, por su estado deteriorado e insalubre, incumplían la legislación aplicable (Ley Orgánica 5/2000) y la reglamentación relativa a la reclusión de menores. En el informe se aconsejaba el cierre inmediato del Centro Educativo de Menores Infractores de Melilla, que tenía una estructura ruinosa, celdas pequeñas y mal iluminadas y tan sólo un reducido patio exterior. Las condiciones de las dependencias de detención de menores de Madrid no eran mucho mejores. Estaban masificadas, tenían unas instalaciones sanitarias deficientes y carecían de mobiliario básico, como camas y mesas.
En abril, el Diputado del Común (Defensor del Pueblo de la Comunidad Autónoma de las Islas Canarias) condenó los «malos tratos institucionales» a menores en las Islas Canarias. En junio, la adjunta primera del Defensor del Pueblo nacional solicitó el cierre inmediato del centro de detención de Gáldar, en Gran Canaria, cuyas condiciones eran especialmente insalubres. El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa formuló la misma recomendación.
Por último, el estudio de Amnistía Internacional recuerda que el Gobierno no presentó ningún informe sobre la situación de las víctimas de la guerra civil de 1936 a 1939 y del franquismo, a pesar de que en 2004 el Parlamento había solicitado a las autoridades la elaboración de un informe a este respecto para poder ofrecer reparaciones a las víctimas. En noviembre de 2004 se había creado una comisión interministerial con este fin. En diciembre de 2005, el presidente Zapatero prometió presentar los resultados del trabajo de la comisión en un plazo de seis meses.
Homicidios en la frontera
Ayukabang Joseph Abunaw, de 31 años, murió, según informes, cuando la Guardia Civil disparó a poca distancia balas de goma contra varios cientos de migrantes que trepaban por las vallas que rodeaban Melilla el 29 de agosto, hacia las tres de la madrugada. Testigos presenciales afirmaron que los agentes de la Guardia Civil habían golpeado a Ayukabang Joseph Abunaw con las culatas de sus fusiles y lo habían llevado a rastras hasta territorio marroquí. Según los informes recibidos, murió horas después. Médicos Sin Fronteras, en un examen preliminar, halló en el pecho del fallecido una contusión característica de las heridas provocadas por balas de goma. De acuerdo con la autopsia efectuada por las autoridades marroquíes, la causa de la muerte fue una hemorragia interna por una lesión en el hígado.
Cuatro hombres procedentes del África subsahariana murieron y muchos otros resultaron gravemente heridos durante la noche del 28 de septiembre, cuando varios cientos de personas que escalaban las vallas coronadas por alambre de cuchillas que rodeaban Ceuta se encontraron con la resistencia de las fuerzas de seguridad españolas y marroquíes. Según informes, dos cadáveres del lado español y dos del lado marroquí tenían heridas de bala. La Guardia Civil afirmó que las balas alojadas en los cuerpos que estaban en territorio español no eran del tipo utilizado por sus agentes.
