El País

El Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, considera que «no se ha vulnerado el derecho de los niños» con la permuta de los colegios San Roque y Cristóbal Colón de Villaverde. «Del informe que nos envía la consejería se extrae que el centro estaba infrautilizado y que los consejos escolares aprobaron el cambio», explica el Defensor, que quiere presentar un informe mañana tras visitar ambos centros y hablar con los interesados. Tampoco considera lesivo que algunos padres gitanos hayan acudido desde el primer día de clase al centro opuesto para protestar, un asunto que para la Consejería de Educación suponía un motivo de denuncia «por incumplir la obligación de escolarizar a sus hijos». Pero sí pone Canalda el acento en «el porcentaje de absentismo tremendo» de los antiguos alumnos del San Roque.

El problema de estos dos centros comenzó a finales del curso pasado. En el San Roque, con un 80% del alumnado de etnia gitana, sólo estaban ocupadas 210 de las 500 plazas disponibles, mientras que en el Cristóbal Colón las peticiones excedían en más de 130 sus 300 plazas, por lo que los padres exigieron una solución.
Los padres gitanos ofrecieron acoger a los niños del Cristóbal Colón y compartir el centro

Según explica la Fapa Giner de los Ríos, el San Roque ofreció la posibilidad de acoger a los alumnos del Cristóbal Colón, pero la Comunidad de Madrid sólo les ofreció un cambio de centro para ceder el suyo (rehabilitado y espacioso), a los alumnos del Cristóbal Colón (obsoleto y pequeño).

Según la Fapa, el consejo escolar del San Roque no aceptó la permuta y, sin embargo, se ha hecho el cambio «de manera ilegal porque quieren sacarlos de ahí».

Sin embargo, Educación dice que el traslado lo aceptaron todos los padres y madres del Cristóbal Colón y la mayoría del San Roque. Por eso, ha dado por terminado el conflicto y los niños gitanos tendrán que incorporarse a su nuevo centro.

«Pediré un programa para controlar el absentismo en el nuevo centro», explica Canalda, que aconseja a los padres, a los centros y a la administración «que se sienten a negociar para arreglar este asunto». Con estas conclusiones, el defensor da la razón a la Comunidad de Madrid en su litio con los padres. Desde hace tres días, gran parte de los niños de etnia gitana que acudían al San Roque no están yendo a clase en protesta por la decisión de la Comunidad de Madrid de trasladarles en bloque, niños, profesores y hasta el nombre del centro, a otro colegio más viejo y con peores instalaciones, para ceder el suyo a los niños que asistían a éste, en su mayoría payos.

Esta mañana, como viene haciendo desde el inicio del curso, el grupo de padres rebelde se ha presentado con sus hijos en el colegio San Roque, rebautizado como Cristóbal Colón tras la permuta ordenada por el departamento de Lucía Figar. Y, al igual que los dos días anteriores, no se ha permitido a los niños entrar en clase porque el centro que les corresponde este curso se encuentra a 300 metros y es el antiguo Cristóbal Colón, ahora San Roque. A diferencia de los días precedentes, los padres no han acudido a primera hora sino a las diez, momento en el que los alumnos ya estaban en las aulas.

El origen del problema
La presidenta de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del antiguo San Roque, Liria de la Cruz, ha explicado que con este gesto quieren evidencia que su deseo de no enfrentarse con los padres payos y sus hijos. «Lo que queremos que quede claro es que no buscamos un enfrentamiento con los padres, sólo queremos que se haga justicia y se cumplan nuestros derechos», ha explicado. Para ellos, es un problema originado por el Gobierno regional y que éste debe solucionar. Hoy tampoco se les ha permitido entrar en el colegio, momento en el que, tal y como anunciaron ayer, se han dirigido a la Asamblea para hacerse oír. Allí se han concentrado más de 30 personas mientras se celebraba el debate sobre el Estado de la región. En la protesta, rodeada por la policía, la mayoría eran padres y se veían muy pocos niños.

De la Cruz ha declarado que están esperando a las puertas del Parlamento madrileño, arropados por la Federación de Asociaciones de Padres y Madres (FAPA) Giner de los Ríos -la mayoritaria, con 800 asociaciones integradas-, para intentar entrar y «poder leer un manifiesto» que recoge todas sus denuncias. El presidente de la Giner de los Ríos, José Luis Pazos, ha entrado en la Asamblea con la carta y la petición de que les permitan el acceso.

La permuta se anunció a finales del pasado curso, pero no ha sido efectiva hasta la vuelta al colegio. El antiguo Cristóbal Colón llevaba años reclamando a la consejería una solución a sus problemas de falta de espacio. Pedían que se construyera un nuevo colegio, pero la Administración respondió que no tenía suelo en el distrito y ofreció la posibilidad de intercambio de edificio, puesto que el San Roque no estaba ni a la mitad de su ocupación, siempre y cuando los sendos consejos escolares estuviesen de acuerdo. Educación asegura que lo están, argumento que los padres gitanos niegan.

Los padres del San Roque iniciaron el pasado lunes una campaña para intentar que sus hijos permanecieran en el mismo centro de siempre. Proponen juntar en estas instalaciones a sus hijos y a los alumnos del Cristóbal Colón «porque hay plazas de sobra». Sin embargo, los padres payos se niegan alegando que los niveles educativos son distintos, al tiempo que los padres gitanos les acusan de discriminación y racismo.

El primer día de protesta les dejaron entrar al patio y fueron posteriormente desalojados de forma pacífica por la policía. Ayer les cerraron la puerta y se produjo algún altercado entre padres que acusaron a los del San Roque de «asustar» a sus niños. Ayer, Educación amenazó con denunciar a los padres rebeldes a la Fiscalía de Menores ya que, en su opinión, están incumpliendo con su obligación de escolarizar a sus hijos. En respuesta, De la Cruz ha subrayado que ellos están «llevando a las criaturas todos los días a clase», a su clase de siempre, pero que no les dejan entrar.

Comentario a la noticia, de Paco Barco
¿Cómo se pueden permitir y hacer estable un situación de discriminación permanente como es la de mantener
dos colegios próximos sin»mezcla de mal alguno», uno para gitanos y otros para payos? ¿Cómo se puede `pasar por alto y hacer un motivo suficiente» el absentismo escolar para mantener la discriminación educativa y social y no entrar en crisis por el fracaso social y educativo de esa comunidad?, ¿cómo un Defensor del Menor, «sin el menor
sonrojo aparente» y con un análisis tan simplista puede darle la «razón» a la Administración Educativa de Madrid, que por cierto lo nombró, simplemente basado en determinaciones administrativas y de organización de esa Administración y no contemplar los derechos del niño? ¿cómo se puede decir que no existen tintes xenófobo y racistas en este conflicto cuando la solución propuesta por algunos padres gitanos de escolarizar a niños payos en el colegio de ellos hasta agotar las matriculas posibles no es admitida por los padres payos y la Administración no la contempla y exige?
Todo esto es sangrante y creo necesario un movimiento de solidaridad.