Enviado a la página web de Redes Cristianas
Están quejosos en el seno de la Conferencia Episcopal Española «porque hay obispos, en su seno, que lamentan que el Gobierno utilice la pederastia como arma arrojadiza contra la Iglesia. Suponemos que si la Iglesia protegiese, o patrocinase una banda armada, la debida intervención de los cuerpos de seguridad del Estado no se verían coartados, y menos censurados, por los artículos de un hipotético Convenio con la Santa sede, a no ser que ésta se advenga a admitir que por mor de tratados jurídicos internacionales, la Sede Apostólica tiene poder y bula, se supone que de Dios, para proteger los desmanes antijurídicos de los países a los que la Sede Romana ofrece su protección y salvavidas, en casos de comisión de frecuentes e indiscutibles delitos. Pero no hay convenios, ni siquiera con la Santa Sede de Roma, que formalicen comportamientos delictivos.
Estamos leyendo estos días que el Gobierno de España, y más concretamente los jueces, y Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado están teniendo problemas para acceder a los documentos, memorias, y todo tipo de material que están en manos de las diócesis españolas, sobre comportamientos delictivos de Pederastia, y que invocan los convenios con la Santa Sede para ese comportamiento obstruccionista. Lo peor del caso es que esta anomalía monstruosa fuera verdad. Es decir, que las autoridades españolas, por una especie de «temor reverencial» a todo lo que huele a Iglesia, sobre todo, lo que re relaciona directamente con la «Santa Sede», no hurgasen más cuando las autoridades católicas invocasen «los convenios con la Santa Sede», y no tuviesen la libertad y valentía de negar que cualquier comportamiento delictivo, y, en España la Pederastia lo es, pueda estar protegido por cualquier tipo de Convenio, y, menos, con la Santa Sede.
Además, yo siempre digo que está mal denominada la Santa Sede porque pocas sedes episcopales, a través de los siglos, han demostrado tan poca santidad, si consideramos los pecados, los abusos de poder, y los innumerables escándalos que ha vivido durante tantos siglos. Otra cosa es que usemos la palabra Santo/a en la acepción de los primeros cristianos, en la que todos los bautizados eran denominados «santos», así como todas las Iglesias, y todos los implicados en el anuncio del Reino de Dios en Jesucristo. Pero por esa razón podríamos llamar también «santa» a esta parroquia de Nuestra Señora de la Piedad, o a la Santa sede del obispado de San Félix de Araguaya, del que sí nos consta comportamientos verdadera y santamente cristianos. Es decir, no puede ser cierto, lo diga quien lo diga, que los miembros de la Iglesia puedan tener ni pretender un trato de las autoridades penales de nuestro país, porque al encontrarse bajo el paraguas protector de la mal llamada «Santa Sede» se conculcaría el ordenamiento de la Constitución española, de la estricta igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.
Ya hay muchas voces que claman contra estos convenios que ni en el tiempo, ni en su esencia, son constitucionales. Y aunque tan solo se insinuase la sospecha de la existencia de una aberración jurídica, en virtud de la cual los clérigos tienen trato diferente ante comportamientos penales idénticos, sería la causa definitiva del entierro de estos convenios, que solo pueden considerarse como medievales, sin asomo de democráticos.