El abuso sexual ha sido un mal «endémico» de las instituciones católicas de Irlanda, según un estudio que ha durado nueve años y que ha revisado datos de los últimos 60. El trabajo también encontró que los malos tratos físicos y emocionales fueron negados sistemáticamente por los religiosos. Los colegios «se dirigían por un reglamento duro e intransigente que imponía una disciplina opresiva a los niños, y también al personal», afirma el documento.
En los años ochenta del siglo pasado, ingresaron unos 35.000 chicos en reformatorios, orfanatos, internados y centros de trabajo. De ellos, más de 2.000 han informado a la Comisión para la Investigación del Abuso Infantil que sufrieron agresiones físicas o sexuales cuando estaban internados. El texto indica que las niñas que estaban en centros dirigidos por monjas fueron mucho mejor tratadas.
El trabajo, que ocupa cinco volúmenes, dice que los altos cargos eclesiásticos promovían las palizas rituales, y protegieron del arresto a los pederastas de sus órdenes, siempre dentro de una política de continuo secretismo. También señala que los inspectores estatales no fueron capaces de impedir los continuos golpes, palizas y humillaciones.
La comisión indica que los escalofriantes y consistentes testimonios de hombres y mujeres que ahora están entre los 50 y los 80 años de edad demuestran sin lugar a dudas que todo el sistema trataba a los niños más como esclavos o presos de una cárcel que como seres humanos sujetos de derecho.
«Los reformatorios y colegios funcionaban con un sistema basado en graves castigos corporales y el miedo ante tales castigos», afirman los autores del trabajo. El sistema de sumisión al terror era «transmitido por los hermanos mayores, curas y monjas a los pequeños». «Era algo sistemático, y no obedecía a desviaciones personales de individuos que actuaban fuera de la ley y de los límites aceptables. Se creía que un duro castigo era esencial para mantener la disciplina».
El trabajo cita hasta 21 maneras de compensar a las víctimas, desde crear un monumento en su recuerdo hasta reforzar el control de las instituciones que se hacen cargo de los niños. Sin embargo, no servirá para procesar a los culpables. En 2004 una orden consiguió que el trabajo sólo se pudiera publicar sin los nombres auténticos de víctimas o verdugos.
El informe, de unas 2.500 páginas, es un catálogo de «abusos sexuales crónicos» y de maltratos físicos y emocionales infligidos «sobre miles de menores desfavorecidos, abandonados y olvidados» tanto por religiosos como por personal laico. El texto también ha lanzado duras críticas contra la jerarquía católica irlandesa, a la que acusa de pasividad ante los abusos cometidos por individuos reincidentes.
Entre las órdenes religiosas investigadas figuran las Hermanas de la Misericordia –a cargo del mayor número de instituciones para menores–, los Hermanos Cristianos –el principal gestor de instituciones para chicos de entre 10 y 16 años de edad– y las Hermanas de Nuestra Señora de la Caridad y Refugio. Estas últimas administraban las infames «Lavanderías de la Magdalena», popularizadas por la película Las hermanas de la Magdalena (2002), donde se recluía a jóvenes de supuesta vida alegre bajo un régimen de esclavitud y continuas humillaciones.
Sin castigo
La Comisión ha considerado que las congregaciones religiosas no tuvieron en cuenta las consecuencias que tendrían sus acciones sobre el desarrollo de los menores. El informe ha reconocido que la principal preocupación de las órdenes era «la mala publicidad y los potenciales escándalos» que se generarían si se llegaba a conocer el verdadero alcance de los abusos.
El presidente de la Comisión, el magistrado Sean Ryan, ha asegurado que las autoridades eclesiásticas abordaban las denuncias de abusos sexuales trasladando a los agresores a otro lugar, donde, «en muchos casos», volvían a delinquir.
216 instituciones
Durante la presentación hoy del informe, celebrada en un céntrico hotel de Dublín, se han registraron tensas escenas entre miembros de la Comisión y víctimas de los abusos, a los que no se ha permitido entrar en la sala. Los perjudicados han lamentado también que, como resultado de la investigación, que le ha costado al Estado más de 70 millones de euros, ningún supuesto pederasta será llevado ante el juez.
El informe solo nombra a los individuos que ya han sido condenados por cometer abusos sexuales, a pesar de que la Comisión descubrió «casos específicos» en 216 instituciones.
Según la Comisión, los maltratos no se denunciaban normalmente, pero en una ocasión en que el Ministerio de Educación fue alertado al respecto, sus responsables actuaron en connivencia con los religiosos para mantener la cultura del silencio imperante.
Una de las centenares de víctimas es John Kelly, coordinador de la organización Supervivientes del Maltrato Infantil (SOCA). Para Kelly, muchos de los orfanatos e instituciones similares regidos por religiosos y seglares sujetos a la autoridad de la Iglesia Católica «no eran hogares de acogida» verdaderos.
Es más, según Kelly, funcionaron durante décadas como «auténticos ‘gulags'» donde los niños vulnerables fueron tratados «como esclavos» y estuvieron expuestos a abusos sexuales.