Declaración de GCAP LAC / San Salvador
13 De Abril De 2007.
Las coaliciones nacionales de América Latina y el Caribe que integramos el Llamado Mundial a la Acción contra la Pobreza, reunidas en la ciudad de San Salvador los días 11, 12 y 13 de abril de 2007 en ocasión de su 3ª Asamblea Regional, reafirmamos nuestra adhesión a esta iniciativa ciudadana de alcance global que busca instalar una agenda propia en el campo de la lucha contra la pobreza y la desigualdad.

Las coaliciones nacionales se han involucrado en esta Campaña Global potenciando sus agendas propias en materia de lucha contra la pobreza que vienen desarrollando desde hace más de 20 años en toda la Región.

Desde esta región del mundo consideramos que GCAP internacional debe promover un concepto de pobreza que no esté afirmado sobre la visión de la caridad sino sobre la visión de la justicia. No se trata de asistir a las personas pobres sino de garantizar las condiciones para el pleno disfrute de sus derechos ciudadanos, sin discriminaciones de ningún tipo.

A tres años de haber iniciado esta Campaña creemos pertinente y oportuno declarar lo siguiente:

1. Adoptamos como ejes de nuestra agenda política del Llamado a la Acción Mundial, la Declaración de Beirut pero insistimos en la promoción, defensa y garantías irrestrictas de los derechos humanos (económicos, sociales, culturales, políticos, ambientales, sexuales y reproductivos) en contra de todas las formas de discriminación y exclusión social (género, sexo, clase, raza, etnia, discapacidad, orientación sexual, lengua y edad). Lo que significa respeto y reconocimiento a las diferencias y a la convivencia democrática de la diversidad.

2. Tenemos la convicción que el fortalecimiento de procesos democráticos con garantías de participación plena, es condición imprescindible para potenciar la lucha para la erradicación de la pobreza.

3. Demandamos a los Estados la aplicación efectiva de los acuerdos asumidos en Pactos y Tratados del Sistema de Naciones Unidas, organismos multilaterales e Instancias Regionales (OEA Corte Interamericana de Derechos Humanos) y de todos los acuerdos adoptados en la década de los 90 en Cumbres y Conferencias Mundiales reforzando, al mismo tiempo, la capacidad de la ciudadanía de participar de forma informada para hacer exigibles estos compromisos.

Desde Latinoamérica y el Caribe estimamos inevitable que el Llamado Mundial a la Acción contra la Pobreza incorpore las siguientes estrategias:

1. Fortalecer a las plataformas nacionales y a sus espacios de articulación regional, pues ello enriquece tanto los contenidos como las modalidades del Llamado, más aun cuando la capacidad de incidencia política se determina tanto en los niveles nacionales como internacionales.

2. Entendemos que es imprescindible que el combate al hambre y la pobreza no sea disociado de la lucha contra los mecanismos de reproducción y ampliación de las desigualdades sociales y la exclusión. Es preciso evitar a cualquier costo un abordaje alejado de las causas estructurales de la pobreza.

3. Cualquier iniciativa de desarrollo en los países del Sur debe considerar procesos de redistribución equitativa de la riqueza, acceso a información para el despliegue de mecanismos de control ciudadano y de iniciativas pro transparencia y anticorrupción en la gestión de los gobiernos.

4. Promover una amplia movilización política internacional tendiente a cambiar los rumbos de la globalización y la utilización de todos los recursos financieros disponibles conforme a los compromisos (aún no cumplidos) de los gobiernos de los países industrializados.

5. Exigir a las instituciones internacionales que movilizan recursos la rendición de cuentas públicas sobre la utilización y distribución de los mismos así como la difusión de los fundamentos que respaldan las decisiones que adoptan. También deberían generar espacios de diálogo y participación de las organizaciones receptoras de dichos recursos.

6. Realizar acciones de alto impacto mediático y de sensibilización ciudadana sobre los ejes del Llamado Mundial a la Acción, siempre y cuando respeten y reflejen los contenidos políticos acordados.

7. Enfatizamos que el futuro del Llamado sólo es sostenible si hay claridad en su objetivo político en base al cual debe desarrollar su estrategia de comunicación, movilización e incidencia las cuales deben ser monitoreadas periódicamente teniendo presente el respeto a los procesos, la garantía en la transparencia de las decisiones, la flexibilidad de sus estructuras y la fluidez de su funcionamiento.

Como plataformas nacionales articuladas regionalmente decidimos:

– Desarrollar acciones de control ciudadano a los gobiernos en relación al cumplimiento de los ODM, la financiación para el desarrollo (Cumbre de Monterrey), los acuerdos comerciales, las políticas públicas nacionales (presupuesto público e inversión social, procesos de reforma, puesta en marcha de sistemas anticorrupción frente a delitos públicos y privados, promoción de la transparencia en la gestión y de la instalación de mecanismos claros para la participación ciudadana).

– Vincular la incidencia regional al seguimiento de Cumbres (Grupo de Río; Cumbre Iberoamericana; Cumbre Eurolatinoamericana; OEA; Cumbre de las Américas, entre otras) ya sea organizando actividades como GCAP o dando respaldo a miembros de GCAP que participen de tales eventos, con cartas o documentos de posición que respalden dicha acción.

– Nos proponemos fortalecer la articulación con otras regiones para potenciar sinergias y compartir conceptos respecto al desarrollo, la democracia, la desigualdad, el ejercicio de derechos y el respeto a la diversidad.

– Respaldamos la adopción de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, instrumento que será sometido a consideración en la próxima Asamblea General de Naciones Unidas.

Finalmente, consideramos que el futuro de este Llamado será posible siempre y cuando en sus distintas instancias organizativas, sobre todo en nivel de su Comité Facilitador Internacional, se adopten y apliquen mecanismos para: democratizar su funcionamiento, transparentar la toma de decisiones, rendir cuentas y dar el reconocimiento, respeto y participación -en igualdad de condiciones- a los diferentes actores y sectores que la componen.

Si esto no se cumple se corre el riesgo de que esta iniciativa se convierte en un proceso de exclusión atentando contra los principios éticos y políticos que le dieron origen.

San Salvador, el 13 de abril 2007

* Firman:

Comité Facilitador de América Latina y el Caribe: Punto Focal INESC, Plataforma Nacional de Brasil, Perú, Chile, El Salvador, República Dominicana, Redes Regionales REPEM, Social Watch y Consejo de Todas las Tierras.
Plataformas Nacionales de: Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Uruguay