Todo lo que tienes que saber sobre la Ley de Seguridad Ciudadana, una auténtica invitación al activismo
Lo dijo Zizek en alguna parte: la represión no es un signo de fuerza, sino de debilidad. Cuando un sistema político es incapaz de controlar a «los de abajo» por medio de la seducción ideológica está obligado a hacerlo tirando de leyes draconianas o de aparato policial/militar. Las bases del 15M llevan tiempo usando palabras como «mafia» o «dictadura» para referirse al sistema nacido en la Transición y comandado por el PPSOE. Con cada gesto, discurso o iniciativa legal, las élites les van dando la razón. El último ejemplo, y también la más chirriante, es la Ley de Seguridad Ciudadana que tiene preparada el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz. Nada más hacerse pública, se empezó a hablar de ella como «ley anti15M», por lo evidente de su objetivo. Intentamos explicarla en tres puntos.
1. De treinta mil a seiscientos mil euros
Estas son las principales actividades que castiga el proyecto de ley. Primero: «grabación y difusión de imágenes de los agentes y fuerzas de seguridad del estado». Quieren evitar que Youtube y los telediarios puedan seguir difundiendo casos de abusos y lesiones a los manifestantes. Segundo: «se multan las concentraciones no comunicadas ante instituciones del estado como el Congreso o el Senado». Traducido: aquel Rodea el Congreso de septiembre de 2012 fundió los plomos a la Cultura de la Transición. No están dispuestos a ver otra vez a miles de personas ante el Parlamento gritando «lo llaman democracia y no lo es». Tercero: «se multan los escraches o actos de acoso a cargos públicos». Otra prueba de que el 15M funciona. Lo explicó estupendamente Guillermo Zapata el pasado marzo en la web Madrilonia: «Un escrache es una acción en la que las personas afectadas se organizan, se hacen visibles y se sienten arropadas por otras personas. También la expresión de un afecto, de un grupo que se cuida y se acompaña». La ley anti15M es la confirmación de que les asusta que la angustia privada se convierta en respuesta política. El precio de no estar de acuerdo con las autoridades va de treinta mil uno a seiscientos mil euros.
2. Franco, PSOE y el PP zombie
Ley Anti-15M: el miedo ha cambiado de bando
Franco tuvo la ley de Vagos y Maleantes (aprobada en La República, no se lo pierdan). El PSOE se doctoró en autoritarismo con la Ley Corcuera de 1992. Tras el código penal de Gallardón, este viernes el Consejo de Ministros pretende rematar la faena con la «ley anti15M». Tras pasar por el Consejo de Estado, Consejo Fiscal y Consejo General del Poder Judicial, se convertirá en proyecto y se votará en el Congreso (es un recorrido largo, pero sin muchos obstáculos). La cooperativa Red Jurídica explica las consecuencias: «la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana puede resultar incluso más preocupante que la reforma del Código Penal. El motivo es que hay más gente expuesta a ella y las multas carecen de control judicial a priori. Esto significa que si quieres que un juez revise la legalidad de la sanción que te imponen, al ser llevadas a través de lo contencioso-administrativo, tendrás que pagar las tasas judiciales correspondientes, con las nuevas y abusivas tarifas que conocemos. Muchas faltas pasan a infracción administrativa, que son multas que se imponen desde la Delegación del Gobierno, por lo que carecen de control judicial». El gobierno zombi del PP sabe que no puede seducir a los votantes, así que intenta intimidarlos para que no salgamos de casa.
3. Aquí huele a porro
¿Va a funcionar la estrategia? Todo depende de la intensidad con que nos opongamos. Lo mejor de esta ley (lo único bueno) es que es una invitación al activismo. Recordemos que el 15M ganó mucho apoyo cuando Delegación de Gobierno prohibió las concentraciones en la Puerta del Sol. El PP parece empeñado en reclutar nueva carne para las plazas. La ley prevé multas por el mero cultivo de marihuana, aunque no esté destinada la tráfico. Aparte de resolver la nueva portada de la revista «Cáñamo», está claro que buscan relacionar disidencia y drogas (como aquel montaje de Intereconomía contra el 15M donde un pijo declaraba que la plaza Catalunya olía a porro). La juventud en general recibe otro incentivo para politizarse con la criminalización del botellón. Se considera infracción grave «el consumo de alcohol en la calle si perturba la tranquilidad».
El remate alucinógeno: los yonquis también tendrán motivos para radicalizarse, ya que se prohíben las «cundas», taxis colectivos informales que les acercan a los poblados. Solo les ha faltado un artículo contra el techno, los tatuajes, el festival Viña Rock, las sudaderas negras con capucha y la saga Grand Theft Auto. Estamos ante la clásica ley para controlar lo que las clases altas siempre han llamado chusma (pobres, rojos y drogatas). El miedo ha cambiado de bando.
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