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«La pobreza, la desnutrición y la falta de vivienda afectan a los niños en su etapa de crecimiento, por lo que son motivo de grave preocupación debido a su impacto a largo plazo potencialmente devastador sobre el país».
«Los recortes en los presupuestos sociales, sanitarios y educativos han llevado a un crecimiento preocupante de la pobreza de las familias en España. Esto ha tenido un impacto particularmente negativo en el disfrute de los derechos humanos de los niños y las personas con discapacidad. Las autoridades españolas deben hacer más para garantizar que los derechos humanos de los grupos vulnerables sean más respetados en el contexto de las medidas de austeridad «, ha dicho hoy Nils Muižnieks, Comisario del Consejo de Europa para los Derechos Humanos, en base a un informe sobre su visita a España llevada a cabo del 3 al de 7 junio de 2013.
«La pobreza, la desnutrición y la falta de vivienda afectan a los niños en su etapa de crecimiento, por lo que son motivo de grave preocupación debido a su impacto a largo plazo potencialmente devastador sobre el país. Las autoridades españolas deben implementar estrategias eficaces para resolver estos problemas relacionados con la pobreza y aumentar la protección de los derechos socio-económicos «. El Comisario subraya que una evaluación sistemática del impacto que las medidas de austeridad tienen sobre los niños y otros grupos sociales vulnerables, en estrecha cooperación con la sociedad civil y los defensores del pueblo nacionales y regionales, es un paso muy importante en este sentido. También recomienda la adhesión de España a la Carta Social Europea revisada y su mecanismo de reclamaciones colectivas.
El comisionado Muižnieks también advierte que los recortes significativos infligidos a los presupuestos de educación en los últimos tres años están socavando la igualdad de oportunidades de los niños por lo que es más difícil acceder, para los que tienen dificultades o desventajas específicas, a una educación de calidad en un ambiente inclusivo. También pide que la educación en derechos humanos se mantenga en el marco de los planes de estudio, ya que «es un factor clave en la construcción de una futura generación de ciudadanos activos y responsables, que son la sangre vital de una sociedad democrática».
Las medidas de austeridad también empeoran las condiciones de vida y oportunidades de inclusión social de las personas con discapacidad. «Las autoridades españolas deben llevar a cabo una evaluación de impacto de los recortes presupuestarios de las personas con discapacidad y ajustar las políticas para asegurar que los recursos adecuados estén disponibles para su educación y oportunidades de empleo.»
Además, el Comisionado está preocupado por la conducta de las autoridades policiales. Malos tratos «la impunidad de los miembros de las fuerzas de seguridad es una larga cuestión muy grave de derechos humanos por los que España ya ha sido condenada por los organismos internacionales, como la Corte Europea de Derechos Humanos. Las autoridades españolas deben asegurar que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respeten plenamente las normas internacionales de derechos humanos. En este contexto, la incomunicación ha dado lugar a violaciones graves de los derechos humanos y debe ser abolida». El Comisionado también insta a las autoridades a combatir enérgicamente las prácticas de perfiles étnicos, porque estigmatizan a los migrantes en las operaciones de parada y registro.
De interés son también el uso desproporcionado de la fuerza por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para controlar las manifestaciones contra la austeridad y la imposición de multas a los manifestantes. «Esto afecta a las obligaciones de España de respetar la libertad de expresión y de reunión pacífica. También me preocupa la frecuente falta de números de identificación visibles de las fuerzas del orden, especialmente durante las manifestaciones, ya que se ha impedido el enjuiciamiento y sanción de los autores de abusos. Los recientes cambios en el tamaño y la visualización de los números de identificación de los policías nacionales es un paso adelante. Sin embargo, los números deben ser usados de una manera que facilita la identificación de los oficiales».
Por último, subraya que la impunidad de los malos tratos cometidos por agentes del orden es la antítesis del principio mismo de la democracia, el Comisionado insta al gobierno español para poner fin a «la práctica de larga data de la concesión de indultos a los involucrados en violaciones graves de los derechos humanos, incluida la tortura, cuya prohibición absoluta obliga a los Estados a promulgar sanciones efectivas».
