EUROPA PRESS – Madrid – 05/01/2009
El PSOE recuerda a los obispos, en referencia a la ley del aborto, que las leyes son «la voluntad del pueblo» no de un «credo religioso»
El secretario Ejecutivo de Libertades Públicas del PSOE, Alvaro Cuesta, ha subrayado que las leyes son «la expresión de la voluntad del pueblo» y «no de un credo religioso» y que así será también en el caso de la reforma de la ley del aborto.
Cuesta se ha expresado así después de que el secretario general de la Conferencia Episcopal (CEE), Juan Antonio Martínez Camino, haya reclamado a los diputados que no apoyen una ampliación de la ley.
«Necesitamos una reforma que acabe con la persecución intolerante contra las mujeres»»Las leyes no son la expresión de la voluntad de Dios, las leyes son la expresión de la voluntad del pueblo, de los representantes del pueblo, y eso es lo que se tienen que meter en la cabeza algunos sectores que confunden las cosas, que nos acusan de una fobia cuando no hay fobia, hay una voluntad de máxima convivencia y respeto», ha manifestado Cuesta.
La voluntad del pueblo
Eso sí, ha recalcado que ese «respeto» se enmarca en la laicidad del Estado, y que la «laicidad positiva» no es algo que afecte sólo a la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, sino que «significa que una ley es la expresión de la voluntad del pueblo y no la voluntad de una conferencia o de una confesión religiosa concreta».
«El Parlamento será muy dialogante para conocer el punto de vista leal de todos»No obstante, el dirigente socialista ha subrayado que el portavoz de la CEE tiene «derecho de manifestación, de crítica, de sugerencia y de opinión» sobre la futura ley. De hecho, aseguró que el Parlamento será «muy reflexivo» y «muy dialogante para conocer el punto de vista leal de todos» y que los diputados estarán «muy atentos a la opinión de la Conferencia Episcopal».
En este punto, Cuesta ha admitido que la reforma será «muy compleja» y prefirie esperar a las propuestas de la subcomisión parlamentaria y del grupo de expertos que trabaja con el Ministerio de Igualdad. No obstante, en todo caso, considera que es «necesaria objetivamente una reforma» que «acabe con actitudes de persecución intolerante e inquisitorial» contra las mujeres y con las «agresiones a la dignidad».
«No hay frivolidad, sino drama»
«Yo no soy partidario del aborto, y no lo soy porque considero que la interrupción del embarazo es un mal, un mal no deseado por ninguna mujer, pero no soy partidario de criminalizar a quien tiene que tomar una decisión trágica», argumentó el diputado socialsta, que insistió en que «no hay frivolidad» sino que «hay un drama» en quien se plantea abortar.
Así, en su opinión el aborto «no es la mejor solución, pero no es para incriminar». Por ello, ha defendido «la máxima descriminalizción» del aborto para terminar con la «falta de respeto» y la «actitud inquisitorial».
Cuesta ha asegurado que los socialistas buscarán también «máximo acuerdo social» a la hora de reformar la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, aunque este proyecto está pendiente de las propuestas que haga la Vicepresidencia del Gobierno.
Símbolos religiosos
Respecto al contenido de la ley y si ésta debería regular la presencia de símbolos religiosos en edificios públicos, Cuesta opina que «para suprimir un símbolo religioso a veces no hace falta una ley» sino que «la mayor parte de ellos pueden desaparecer simplemente por decisión política, por actitud».
«Yo no encuentro una disposición jurídica que obligue a que el crucifijo presida las tomas de posesión, por lo tanto no hace falta ni siquiera una ley, es ponerlo o no ponerlo», explica.
Eso sí, ha dicho que le parecería bien que en la nueva ley haya disposiciones «aclaratorias» o «recomendaciones para orientar a los poderes públicos» y ha recordado que los socialistas se han manifetado públicamente que «que debe desaparecer de los actos oficiales la simbología religiosa, no solamente la católica».
A su juicio, la nueva ley debe ser «una ley sobre todo de libertad de convicción», que no incluya lo que «debe ser resuelto desde un punto de vista bilateral» -relaciones con el Vaticano-, que «no sea una ley de privilegios» y que no sea tampoco un «inventario» de los convenios del Estado con las distintas religiones.
La ley, ha añadido, debe partir del «principio elemental de la laicidad del Estado», de manera que éste debe mantener «relaciones de cooperación con todas las confesiones» y mejorar su funcionamiento «después de tantos años de experiencia democrática».