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Las Deportaciones y el Rechazo de la Dignidad Humana -- Thomas H. Smolich, Presidente de la Conferencia de Jesuitas de Los Estados Unidos

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Deportaciones inseguras y el descuido y la indiferencia por la vida y seguridad de los inmigrantes, contribuyen a la crisis humanitaria que tiene lugar al otro lado de nuestra frontera. Esta realidad está socavando el compromiso de nuestra nación de preservar y proteger los derechos humanos globalmente.
Mientras la administración de Presidente Obama se acerca un récord de 2 millones de deportaciones, un “logro” que ningún Presidente había conseguido antes, muchos líderes religiosos están enfocando sus miradas hacia las dificultades que estas deportaciones causan a familias y comunidades arrasadas por nuestro quebrado sistema de inmigración.

No obstante, lo que está oculto en este debate sobre si el Presidente Obama debe suspender las deportaciones, es la manera peligrosa en que estas deportaciones se están llevando a cabo.
Frecuentemente, los inmigrantes son deportados después de medianoche, sin sus documentos de identidad, medicamentos, y valiosas pertenencias personales. Las familias son rutinariamente separadas durante el proceso de deportación, y los hombres, a veces, son deportados a pueblos de la frontera mexicana que el Departamento de Estado de Los Estados Unidos considera demasiado peligrosos para turistas y su propio personal. Provisión insuficiente para el cuidado de personas especialmente vulnerables, que incluye niños sin compañía, mujeres embarazadas, ancianos e individuos enfermos, es una preocupación generalizada. Prácticas de deportación inseguras también alimentan la economía del crimen organizado en pueblos fronterizos del Norte de México al suministrar mujeres, hombres y niños a cambio de robos, extorsiones, secuestros, y tráfico.

Mi fe Católica enseña que todas las personas son creadas a imagen y semejanza de Dios, poseen dignidad humana y merecen respeto. En su memorándum sobre la repatriación de nacionales mexicanos, el gobierno de E.E.U.U. reconoce“en palabras” la dignidad humana de los inmigrantes exigiendo que las deportaciones a México se lleven a cabo de manera “segura, ordenada, digna, y humana.” Aunque, un análisis de la evidencia demuestra que este compromiso no se cumple en la realidad.

Procedimientos seguros de deportación no permitirían deportar a un individuo a las 3 de la mañana cuando los refugioslocales cierran sus puertas a las 9 pm y dejar al imigrante deportado a merced de las bandas locales o el crimenorganizada por el resto de la noche. Un procedimiento ordenado no fallaría en devolver al inmigrante su dinero, sucelular o sus documentos, dejándolo varado en la frontera sin poder comunicarse con su familia, volver a su hogar, ocomprobar su identidad. Una práctica digna de deportación no permitiría deportar a una mujer que está en serio estrésmedico sin notificar anteriormente a las autoridades mexicanas para que puedan prepararse y cuidar de ella.

Una deportación humana no separa a miembros de una misma familia, enviando a la mujer y sus niños a un sitio, mientras su esposo es enviado a una aldea a cientos de millas sin dar información del paradero de su esposo o de como podrán reunirse nuevamente.

Deportaciones inseguras y el descuido y la indiferencia por la vida y seguridad de los inmigrantes, contribuyen a la crisis humanitaria que tiene lugar al otro lado de nuestra frontera. Esta realidad está socavando el compromiso de nuestra nación de preservar y proteger los derechos humanos globalmente.

El Secretario de Seguridad de la Patria Jeh Johnson tiene la autoridad, oportunidad, y el imperativo moral de reformar las prácticas de deportación de nuestro país. Él puede hacerlo, terminando con las deportaciones en la noche y hacia lugares peligrosos, manteniendo la unidad de la familia durante el proceso de deportación, y asegurando que las pertenencias de los inmigrantes sean devueltas.

Es inmoral e intolerable que las deportaciones, a menudo pongan en peligro las vidas de los deportados y causen trauma y tragedia. Me uno a muchos otros en las comunidades de fe para llamar la Administración a promulgar inmediatas y sencillas salvaguardias que protejan las vidas de los inmigrantes.

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