El portavoz de la Conferencia Episcopal Española, el jesuita Juan Antonio Martínez Camino, me tranquilizó muchísimo al aclararnos, unos días después de las elecciones, que nunca dicen a los gobernantes lo que tienen que hacer. Yo estaba convencido de que cuando el cardenal Antonio María Rouco Varela, rodeado de varios obispos, encabezaba manifestaciones en la calle, era para presionar a los gobernantes contra las leyes del Gobierno del señor Zapatero.
También llegué a pensar que las cada vez más asiduas declaraciones en ruedas de prensa refiriéndose a temas tan sociales como la ley del aborto, matrimonio entre personas del mismo sexo, eutanasia, educación, preservativos, etcétera, estaban intentando presionar a los políticos para que después de los comicios, y con una amplia mayoría en Parlamento, derogaran lo antes posible cualquiera de las leyes que no son del agrado de los más altos representantes de la Santa Madre Iglesia.
Para mayor tranquilidad, y despejar las pequeñas dudas que algunos ciudadanos tenemos sobre la Iglesia Católica española, lo que sería de agradecer es que, teniendo en cuenta la grave crisis por la que, especialmente los más débiles, están pasando, la Iglesia colaborara y se comprometiera a pagar impuestos por, sobre todo, el ya de por sí dudoso gran patrimonio artístico y urbano del que dispone en todo el territorio español. Eso sí que sería un milagro. Un milagro como Dios manda.
