Y les avisa de que «la democracia no necesita tutelas morales»
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó hoy que la Iglesia Católica «debe manifestarse con respeto» sobre los aspectos que afectan al ámbito de decisión del Gobierno y del Parlamento, y advirtió que «la democracia no necesita tutelas morales».
«Los ciudadanos exigen este respeto porque saben que la democracia no necesita tutelas morales, porque la única forma de vivir en libertad es sobre el respeto a la libertad ideológica, al principio de laicidad y aconfesionalidad del Estado», manifestó De la Vega, en el marco de los Desayunos Informativos de Europa Press. Entre los invitados se encontraba el nuncio de Su Santidad, monseñor Manuel Monteiro de Castro.
Preguntada sobre las relaciones del Gobierno con el Vaticano y la Conferencia Episcopal, De la Vega aseguró que éstas se sitúan en un marco de «respeto y cooperación» y destacó el acuerdo alcanzado sobre financiación tributaria.
En lo que se refiere a los obispos, la vicepresidenta reconoció las «discrepancias» en aspectos como la educación, si bien considera que «la Conferencia Episcopal también es plural y no toda la jerarquía eclesiástica opina lo mismo».
Sobre este punto, se refirió a «algunas manifestaciones poco respetuosas» por parte de algunos obispos y recalcó que las diferencias entre la Iglesia y Estado no pasan por «un problema de justicia o injusticia, sino de respeto a las instituciones». «El Gobierno no opina de la Iglesia y la Iglesia debe manifestarse con respeto sobre los asuntos del Gobierno y del Parlamento», insistió.
EL ABORTO
Por otra parte, De la Vega se refirió a la cuestión del aborto y la polémica suscitada tras las intervenciones policiales en clínicas. Sobre este punto, aseguró que la actual regulación ha funcionado «razonablemente bien» si bien entiende que «después de 20 años» es necesario «analizar los problemas de aplicación si es que los tiene».
En este ámbito, apuntó que los países de la Unión Europea regulan esta cuestión con leyes de plazos, con supuestos de despenalización (tal y como ocurre en España) o mediante un ordenamiento mixto. «Tenemos que ver lo que funciona mejor», indicó.
En todo caso, afirmó que la ordenación del aborto debe garantizar la seguridad jurídica de las mujeres que deciden abortar y de los profesionales que trabajan en las clínicas y promover la calidad y la equidad de esta prestación en el conjunto de España.
De la Vega advirtió que las mujeres que deciden interrumpir su embarazo «se encuentran en una situación de conflicto» y señaló la necesidad de que estas mujeres «puedan tomar una decisión con garantías y respeto a los derechos fundamentales, como la intimidad».
Así, aseguró que el Gobierno «no tiene miedo ninguno» a afrontar una posible modificación de la Ley «porque la ciudadanía es mayor, razonable y muy sensible», pero señaló la necesidad de «evitar especulaciones frívolas». Según dijo, el Ejecutivo tiene un «compromiso claro y evidente con las mujeres» y «no va a tolerar que se vulneren derechos ni que se añada más dolor».