Repite y repite María Teresa Fernández de la Vega que la directiva europea de inmigración no será aplicada nunca en España. Naturalmente es en respuesta a las preguntas de los periodistas de los distintos países que está visitando en Ibero América. En los videos de las conferencias de prensa se puede comprobar la incomodidad que le promueven esas cuestiones.
Pero la respuesta no es la adecuada, porque la vicepresidenta no puede garantizar lo que no está en su mano, porque esa cuestión, la directiva de inmigración, depende en su aplicación o no de la voluntad del gobierno que exista en cada momento en España.
María Teresa Fernández de la Vega podrá comprometerse a dejar sin efecto lo que se conoce como la “directiva de la ignominia” mientras ella esté en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero o, siendo generosos en la interpretación de sus palabras, mientras exista un gobierno socialista. Y, ¿después?
El PSOE se ha metido en un callejón de difícil salida. Cuando los diputados socialistas españoles en el Parlamento Europeo, con honradas excepciones, votaron a favor de esa directiva que permite que los inmigrantes que carezcan de documentación en cualquier país de la Unión Europea puedan estar hasta dieciocho meses en situación de detención sin garantías jurídicas, ha colaborado activamente a que esa norma exista y sea discrecional de los gobiernos de la Unión Europea, y entre ellos España, aplicarla.
El giro de la política de inmigración ha venido acompañado de reiteradas manifestaciones del ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, sobre las restricciones que piensa aplicar el Gobierno de España a la repatriación familiar de los inmigrantes radicados legalmente en España. El ministro socialista ha anunciado que no podrán venir a vivir con sus hijos los padres de quienes trabajen en nuestro país ni tampoco los hijos comprendidos entre los dieciséis y los dieciocho años. Las razones aducidas por el ministro son la preservación de nuestro estado del bienestar.
Con esta nueva política migratoria del gobierno socialista es natural que a la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, no le sea cómodo explicarse en Latinoamérica.
