Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía

La Cátedra de la Unesco de la Universidad Internacional de Andalucía invitó a la APDHA a participar en las Jornadas Internacionales sobre Terrorismo de Estado en Latinoamérica que se celebraron en Sevilla durante los días 28 y 30 de Octubre.
Los actos fueron dirigidos por Dª Stella Maris Martínez, Defensora General de la Nación Argentina. Siendo ponentes ella misma, D. Estella de Carlotto, Presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo y el doctor Benny Pollack. Catedrático de Ciencias Políticas Latinoamericana. Latin American Institute de la universidad de Universidad de Liverpool.

Nuestra Coordinadora General de la APDHA, Maribel Mora, fue invitada especial del encuentro, interviniendo para hacer referencia a las vulneraciones de Derechos Humanos que como asociación trabajamos y denunciamos en el estado Español, que son poco conocidas y a las que se les otorga muy poca repercusión.

La tortura, los tratos inhumanos y degradantes y la violencia institucional en el Estado Español no son excepcionales, lo excepcional es su revelación. Han sido documentadas denuncias con un promedio de 720 anuales en los últimos años [1], superando las 5.000 entre 2.001 y 2.007. Este número por sí mismos hablan de un fenómeno que no es asilado y esporádico. Pero dichas cifras no son más que la cara visible de un fenómeno más extendido, si tenemos en cuenta la cantidad de casos no denunciados.

En el último informe de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, a la que nuestra asociación pertenece, Andalucía aparece como la segunda comunidad con más hechos de este tipo, con el 22,6 % del total del estado español, 266 casos y 610 denunciantes. Entre las 10 provincias españolas con mayor número de denuncias se sitúan tres andaluzas: Sevilla con 59 denunciantes, Málaga con 35 y Cádiz con 23. El número de denuncias es superior al del año 2005, destacando la duplicación del número de denuncias en Sevilla.

Muchas organizaciones de derechos humanos nos hemos preocupado por el aumento de casos tras los atentados de 2.001. Y las denuncias de esta realidad no solamente las afirmamos organizaciones a quienes se nos deslegitima de diversos formas para desacreditar nuestras denuncias [2], sino que son los propios organismos internaciones los que también se hacen eco de esta realidad. De hecho, El Comité Europeo para la prevención de la tortura y el trato o castigo inhumano o degradante en su informe de 2005 sobre el Gobierno español afirmaba que:

1.- una persona maltratada por los funcionarios de policía en (o después) del momento de su detención puede no ser informada correctamente de sus derechos.
2.- Es probable que él o ella entonces experimente un muy largo retraso antes de ver a un abogado, hasta que lesea tomada declaración formal por los funcionarios de policía.
3.- Posteriormente, no hay garantía que llevarán a tal persona físicamente a presencia del juez competente.

4.- Si él o ella ve prorrogada su privación de libertad, las lesiones sufridas como resultado de malos tratos, esas lesiones pueden ser detectadas por el personal médico de la prisión en la que ingrese. Sin embargo, aunque tal primera evidencia de los malos tratos se comunique por escrito a un juez competente, no se seguiría de ello necesariamente una investigación eficaz.

La impunidad por tanto es aún más grave que la existencia misma de la tortura en un estado democrático como el nuestro. Los motivos son diversos, entre otros la inexistencia de testigos, el miedo contra la denuncia a los propios custodios, indultos a los condenados, o el incumplimiento de la separación de los funcionarios implicados en las denuncias de torturas y/o malos tratos [3], cuestión que reflejó Relator Especial de las Naciones Unidas para la cuestión de la Tortura en su informe de seguimiento de las recomendaciones efectuadas tras la visita a España en 2.003, y que ha emitido el pasado 18 de febrero de 2.008.

Por su parte el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su último informe de conclusiones sobre España, hacía referencia a :
1.- la “falta de investigaciones” en materia de tortura
2.- y que “cuando miembros de esas fuerzas son declarados culpables de tales actos y condenados con penas de privación de libertad, a menudo reciben indultos”.
3.- Señalaba que, en la detención incomunicada, los acusados por pertenencia a organizaciones armadas “no tienen derecho a designar su propio abogado y son juzgados en la Audiencia Nacional sin tener posibilidad de presentar recurso”, ante lo que exhorta al Estado parte a “abstenerse de utilizar la detención incomunicada y le invita a reducir la duración de la prisión provisional”.

Sin embargo, desde 1996 el periodo de incomunicación ha sido ampliado de 5 a 13 días contando comisaría y prisión, al tiempo que hemos podido constatar la aplicación de la prisión provisional hasta su límite máximo de cuatro años.

Así mismo las denuncias por torturas y malos tratos han aumentado considerablemente.
Actualmente el Estado español está siendo examinado nuevamente por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, al que nuestra asociación remitió informes sobre la situación de las prisiones y de las personas inmigrantes en España, poniendo de manifiesto la pervivencia de violaciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Estamos a la espera de que a mediados de noviembre dicho comité emita sus conclusiones sobre el grado de cumplimiento por parte del gobierno español tanto del pacto como de las recomendaciones realizadas en su último informe y el de diversas organizaciones internacionales de control (como el CAT, la Comisión de DDHH del Consejo de Europa o el relator especial contra la Tortura), que ya adelantamos no se han cumplido. Y de hecho, en los anteriores informes emitidos por los diversos organismos internacionales el Gobierno Español no cumplió con muchas de las recomendaciones efectuadas.

1) Datos de la Coordinadora de Prevención Contra la Tortura, que recopila noticias y casos que recibe de organizaciones sociales, de particulares, de Corporaciones profesionales y de las memorias de autoridades e instituciones públicas.

2) En octubre de 2.002 a la APDDH-A se nos relacionó públicamente en un medio de comunicación con la banda terrorista ETA tras denunciar casos de malos tratos en la prisión de Córdoba.
3) En el 2004, varios presos de la cárcel de Sevilla II, formularon diversas denuncias contra un jefe de servicio y varios funcionarios de la prisión por agresiones sexuales, en cuyo procedimiento la APDH-A se personó como acusación popular.

En octubre de 2007, el Fiscal solicitó penas de 6 años de cárcel por maltrato psíquico, obstrucción a la Justicia y falsedad documental contra otros dos funcionarios más. Nunca fueron apartados y siguieron prestando servicio en la misma cárcel donde sucedieron los hechos denunciados. El juicio se celebró 4 años después.