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La sociedad civil de El Salvador en lucha por su derecho al agua -- Rafael Menjívar

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ALC

Tal como se profetiza, el conflicto por la demanda del agua será parte las agendas locales. Directivos de la Asociación Administradora de Acueductos “Nueve Estrellas”, que aglutina a más de 9,500 personas de los Municipio de la Villa Concepción Ataco, Jujutla, Guaymango y Acajutla, a unos 100 kilómetros al occidente de la capital salvadoreña, se han levantado en protesta por el agua.

En una carta girada al Alcalde de Villa Concepción Ataco, Oliverio Gómez, expresan no estar de acuerdo con la usurpación, tala y contaminación que el edil realiza en el área delimitada como recarga hídrica.

Según la Asociación, el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, ISTA, prometió la protección del área que alimenta los mantos acuíferos de zona, sin embargo, la explotación del espacio se realiza.

A unos kilómetros de este caso, las 11 comunidades del proyecto Cutumay Camones, que se mantienen en vigilia como protesta a la construcción de un relleno sanitario en la zona, fueron amenazados ayer por antimotines de la Policía Nacional Civil, que se encuentran apostados en las cercanías del lugar. Pese a ello, las comunidades resisten.

Por su parte la Red Interinstitucional del Foro Nacional por la Sustentabilidad y Derecho al Agua presentó al Congreso Nacional este martes una pieza de correspondencia, en la cual demuestra la falta de prioridad que el agua, el abastecimiento y saneamiento han tenido en las políticas públicas durante décadas. La baja inversión que el Estado otorga a este sector ponen en alto riesgo la estabilidad y el bienestar social y económico del país, sostienen

Según datos de la pieza, El Salvador necesita una inversión sostenida entre el 0.4% y 1% del PIB para alcanzar el acceso universal al agua y un saneamiento sustentable hacia 2015.

En la actualidad El Salvador enfrenta una creciente problemática relacionada con el agua. Se encuentra en el último puesto en términos de acceso a agua y en el penúltimo lugar en acceso a saneamiento entre los países latinoamericanos (Banco Mundial, 2005). De acuerdo a la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, en el 2005, sólo el 60% de la población tenía una conexión domiciliar de agua (dentro o fuera de la vivienda), cifra inferior al 75% que es el promedio regional (OMS-UNICEF, 2004).

Según el informe del Programa de Las Naciones para el Desarrollo Humano en El Salvador – PNUD- (2006) el país se encuentra al borde del stress hídrico. De acuerdo a proyecciones del Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET), debido al deterioro ambiental, los principales ríos del país tienen un promedio de vida de entre 50 y 100 años.

Además sólo entre el 2% y 3% de las aguas residuales reciben tratamiento antes de ser lanzadas a los afluentes (San Feliu, 2001). Según el Banco Mundial (2005), con sólo que el estado destinara $ 65-70 millones anuales en inversión real (el 0,4% del PIB) se podría alcanzar el acceso universal al agua y saneamiento para el año 2015 y según análisis de las organizaciones integrantes de la campaña ciudadana por el derecho al agua “Democracia Azul”, la inversión necesaria- dada la situación actual- debería ser de al menos el 1% del PIB.

EL Ministerio de medio Ambiente y Recursos Naturales, responsable de la adecuada gestión ambiental en el país, en el 2008 tendrá una asignación de $8.4 millones, lo cual apenas representa el 0.04% del PIB. Esta asignación es menos de la mitad de lo que podrá ejecutar el Ministerio de Turismo ($17.5 millones) y menos del 6% de la Cartera de Obras Públicas ($125,7 millones), quien irónicamente es uno de los principales causantes de los impactos negativos en el ambiente de El Salvador.

En el caso de ANDA (Asociación Nacional de Acueductos y Alcantarillados), en la propuesta de presupuesto para el 2008, se identifica que el rubro destinado a inversión apenas alcanza los $18.4 millones, cifra que representa apenas 0.01% del PIB y el 16.3% del total del presupuesto de ANDA.

Pero la inversión no sólo es poca sino que mal enfocada, sostienen; el 69% de los $18.4 millones se orienta a continuar con el Programa de Descentralización de Sistemas financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el que no se detalla el destino de los fondos.

Para el Foro, es preocupante la propuesta de asignación de recursos de ANDA para el 2008, donde no hay detalle suficiente para conocer en qué aspectos se va a invertir: ¿Cuánto va a destinarse a sistemas de alcantarillado, cuánto a la construcción de nuevas plantas depuradoras, cuánto a mantenimiento y mejoras del sistema, cuánto a nuevas conexiones?, entre otros aspectos. Tampoco queda clara la cantidad destinada para subsidios de ANDA.

Para el próximo sábado 24, la Red de Mujeres Mesoamericanas y la Red del Foro del Agua, en el marco de la Campaña Democracia Azul, realizarán el festival denominado “El agua es un derecho, no una mercancía” en el occidental departamento de Sonsonate.

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