Diariamente, en los hogares chiapanecos se violan los derechos de las niñas, niños y adolescentes, por lo que el Estado y la sociedad civil deben vigilar, promover y garantizar esos derechos, afirma la organización Melel Xojobal A.C. Las cifras oficiales sobre la situación de la infancia en México, dice la organización a través de un comunicado de prensa emitido con motivo de su décimo aniversario, son dignas de atención, sobre todo las referentes a Chiapas, ya que nos permiten dimensionar el impacto del imaginario social adultocéntrico y el grado de violación de derechos que viven las niñas, niños y adolescentes en nuestro Estado.
Tan sólo un dato revela la gravedad de la situación: más de la mitad de la infancia chiapaneca padece desnutrición, s encuentran «en riesgo nutricional extremo», según el Informe Alternativo para el Comité de los Derechos de los Niños de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), presentado en 2006 por la Red por los Derechos de la Infancia en México.
Y en otros aspectos, como educación, vivienda, salud, trabajo, violencia familiar, maltrato y abuso sexual, los datos oficiales y de ONG revelan también la precaria condición de la infancia chiapaneca.
Por eso, la realidad de la infancia chiapaneca debe ser observada en toda su complejidad, más allá de lo que nos indican las cifras oficiales, dice Melel Xojobal.
Esto permitirá esclarecer los factores que determinan la situación de pobreza, marginación, maltrato e invisibilidad de la infancia en Chiapas, sobre todo teniendo en cuenta «el modelo económico actual que ha traído consigo desigualdades regionales, crecimiento urbano acelerado, dispersión y aislamiento de la población rural, y nuevos procesos migratorios, entre otros».
En ese sentido, son «preocupantes las asignaciones presupuestarias destinadas a niñas, niños y adolescentes ya que son bajas e insuficientes, en particular para gasto social, incluyendo salud y educación».
«Además, la falta de infraestructura adecuada y personal capacitado para la atención de la infancia en centros de salud, procuradurías y ministerios públicos, se reflejan en el bajo índice de denuncia de violación a derechos y contribuyen a la marginación y exclusión de la infancia».
Pero aunque es responsabilidad del Estado garantizar el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, sin embargo, es una responsabilidad compartida con los padres, madres, profesores, y sociedad civil en general.
Es tarea de todos, dice el organismo, conocer los derechos de la infancia, contribuir a la vigilancia de su cumplimiento y denuncia de su violación, para que el Estado cumpla con la obligación de su restitución.
Hacerlo es un asunto de voluntades políticas, de corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil, un asunto público, a diferencia de cómo actualmente se concibe a la infancia, como un problema privado, desde el ámbito meramente familiar, enfatizan.