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El rodillo del PP sigue empeñado en destruir derechos y bienestar por doquier. Al paso que va este Gobierno, dejará España como un campo de batalla después de la contienda. El último dislate lo podemos prever en el proyecto de real decreto, fechado el 17 de julio pasado, que regula la gestión y el control de los procesos de incapacidad temporal.

Las mutuas, que son asociaciones de empresarios, gestionan tanto las contingencias profesionales como las comunes. En los últimos años, la mayoría de las empresas han confiado la gestión de sus bajas comunes a las mutuas, en lugar de hacerlo al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que ya solo se ocupa del 20%. De seguir adelante, este borrador de texto legal las facultaría para dar altas en caso de enfermedad común.

Es decir, más o menos, es como si a partir de ahora la empresa donde trabajamos se encargara de decidir cuando un trabajador está ya curado y, por tanto, dejar de percibir el subsidio que le corresponde por derecho. A nadie se le escapa la canallada que supone para los trabajadores dejar su salud en manos de quien será juez y parte, pues, al fin y al cabo, las mutuas, como financiadoras de la prestación, tienen demasiados intereses en reducir el tiempo de baja.

Está claro que son insaciables y que no respetan nada ni a nadie: ya no se conforman con rebajarnos los sueldos, ahora, nos quieren menguar la salud. Como decía mi madre, esto es el acabose.

/ Valladolid