En la campaña electoral de 2010, Luiz Inacio Lula da Silva y Dilma Rousseff llegaron a hablar acerca de la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente exclusiva para efectuar la reforma política del país.
Ellos tenían conciencia de que un Parlamento electo con base en el financiamiento privado no se daría un tiro en el pie, aboliendo ese mecanismo, para alinearse en la promoción del financiamiento público.
Pasadas las elecciones confiaron en que conseguirían aprobarlo mediante negociaciones con los partidos, pero se encontraron con la resistencia del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), especialmente en el tema del financiamiento público de las campañas electorales: lo máximo que aceptarían sería que el mismo se aplicara para cargos ejecutivos, sin conceder en el lugar privilegiado donde negocian, los parlamentos.
Frente al fracaso inminente de la intención de hacer la reforma política y ante la situación de falta de representatividad partidaria en las movilizaciones de las últimas dos semanas, Dilma dio un paso audaz: proponer el plebiscito para una Constituyente con el exclusivo cometido de introducir reformas políticas.
Las movilizaciones de las últimas semanas confirmaron en Dilma la necesidad de una renovación del sistema político.