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Ideal
20 de febrero de 2022: día mundial de la justicia social
La pandemia de COVID-19 ha hecho más vulnerables a los trabajadores del mundo
El fomento de una cultura de la solidaridad y del compromiso social forma parte de las tareas de las Naciones Unidas. El Día Mundial de la Justicia Social (World Day of Social Justice) se celebra todos los años el 20 de Febrero. La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el ?Día Mundial de Justicia Social?? según una resolución adoptada por unanimidad. La iniciativa coincide con la promoción de los esfuerzos para enfrentar problemas tales como la pobreza, la exclusión y el desempleo por parte de este organismo mundial.
Para las Naciones Unidas, la justicia social es un principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera, dentro y entre las naciones. Defendemos los principios de justicia social cuando promovemos la igualdad de género o los derechos de los pueblos indígenas y de los migrantes. Promovemos la justicia social cuando eliminamos las barreras que enfrentan las personas por motivos de género, edad, raza, etnia, religión, cultura o discapacidad.
Lograr la justicia social a través del empleo formal
En este año 2022 la ONU se fija especialmente en los efectos de la COVID-19 sobre los trabajadores del mundo. Según los datos de la ONU; más del 60 por ciento de la población mundial empleada, es decir, 2.000 millones de mujeres, hombres y jóvenes, se ganan la vida en la economía informal. Pero la situación es más grave: la pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve la vulnerabilidad de los trabajadores informales ya que, a menudo, carecen de cualquier forma de protección social o beneficios relacionados con el empleo. Ello se traduce en que tienen el doble de probabilidades de ser pobres en comparación con los trabajadores regulados.
Según los estudios de los sociólogos, la mayoría de las personas ingresan a la economía informal no por elección, sino debido a la falta de oportunidades en la economía formal.
Promover la transición a la formalidad de estos empleos es una condición necesaria para reducir la pobreza y las desigualdades, promover el trabajo decente, aumentar la productividad y la sostenibilidad de las empresas y ampliar el campo de acción del gobierno, especialmente en tiempos de crisis.
De conformidad con la «Recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal, 2015» (núm. 204), se deben considerar las circunstancias nacionales a la hora de establecer múltiples estrategias integrales y coherentes que faciliten el paso a la economía formal, entre ellas, estrategias con perspectiva de género. La identificación de los incentivos adecuados y la eliminación de los obstáculos a la formalidad son esenciales. En el contexto de la crisis del COVID-19, prevenir la informalización de los empleos formales también cobra particular importancia.
La economía formal conlleva un proceso complejo y gradual. Como parte de este proceso, se necesitan estadísticas confiables y relevantes para comprender mejor las características y los impulsores de la economía informal, así como monitorear el progreso hacia la formalización. Muchos países están utilizando las nuevas tecnologías para facilitar la transición del empleo informal al formal a través de herramientas de formalización electrónica, como sistemas de bases de datos electrónicas para una identificación adecuada del empleo y un acceso más amplio a las TIC y el comercio electrónico.
La Agenda 2030 de la ONU y el informe del Secretario General de la ONU sobre «Nuestra Agenda Común» reconocen como prioridad la transición a la economía formal y pide que se establezcan hojas de ruta para integrar a los trabajadores y empresas informales en las economías formales a fin de beneficiarse de la plena participación de las mujeres en la fuerza laboral y reducir las desigualdades de manera más amplia. En virtud de un nuevo acuerdo de asociación entre la OIT y el PNUD, las dos organizaciones acordaron emprender una programación conjunta para generar vías hacia la formalidad, que también apoyará el «Acelerador mundial para el Empleo y la Protección Social» hacia una transición justa.
Antecedentes
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó por unanimidad la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa el 10 de junio de 2008. Esta es la tercera declaración de principios y políticas de gran alcance adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo desde la Constitución de la OIT en 1919. Es heredera de la Declaración de Filadelfia, de 1944, y de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento, de 1998. La Declaración de 2008 expresa la visión contemporánea del mandato de la OIT en la era de la globalización.
Esta Declaración señera es una decidida reafirmación de los valores de la OIT. Es el resultado de consultas tripartitas que se iniciaron tras el lanzamiento del Informe de la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización. Con la adopción de este texto, los representantes de los gobiernos y de las organizaciones de empleadores y de trabajadores de 182 Estados Miembros subrayaron la contribución clave de nuestra Organización tripartita al progreso y la justicia social en el contexto de la globalización. Se comprometieron a unir sus esfuerzos para reforzar la capacidad de la OIT en el avance hacia dichas metas a través de la Agenda de Trabajo Decente. La Declaración institucionaliza el concepto de Trabajo Decente desarrollado por la OIT desde 1999, y lo sitúa en el centro de las políticas de la Organización para alcanzar sus objetivos constitucionales.
Esta Declaración surge en un momento político crucial, que refleja el amplio consenso acerca de la necesidad de una fuerte dimensión social en la globalización, que permita conseguir mejores resultados y que estos se repartan de manera más equitativa entre todos. La Declaración constituye una brújula para la promoción de una globalización equitativa basada en el Trabajo Decente, así como una herramienta práctica para acelerar el progreso en la aplicación de la Agenda de Trabajo Decente a nivel de país. Asimismo, refleja una perspectiva productiva que destaca la importancia de las empresas sostenibles para la creación de más empleo y oportunidades de ingresos para todos.
La Asamblea General de la ONU reconoce que el desarrollo social y la justicia social son indispensables para la consecución y el mantenimiento de la paz y la seguridad en las naciones y entre ellas, y que, a su vez, el desarrollo social y la justicia social no pueden alcanzarse si no hay paz y seguridad o si no se respetan todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Reconoce además que la globalización y la interdependencia están abriendo nuevas oportunidades mediante el comercio, las corrientes de inversión y capital y los adelantos de la tecnología, incluida la tecnología de la información, para el crecimiento de la economía mundial y el desarrollo y la mejora del nivel de vida en todo el mundo, al mismo tiempo que persisten problemas graves, como agudas crisis financieras, inseguridad, pobreza, exclusión y desigualdad, en el seno de las sociedades y entre unas y otras, y grandes obstáculos para que haya una mayor integración y una participación plena de los países en desarrollo y de algunos países de economía en transición en la economía mundial.