La PAH, Amnistía Internacional y hasta el CGPJ ven insuficientes las medidas del gobierno sobre los desahucios
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca cree que la nueva normativa no es más que la continuidad del código de buenas prácticas recomendado a las bancos. AI denuncia que las medidas del Gobierno son «insuficientes» en adopción y contenido. Y hasta el CGPJ dice que es solo «un primer paso».
PAH
La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH),Ada Colau, ha denunciado este viernes que el real decreto aprobado por el Gobierno para frenar los desahucios de las personas más vulnerables pondrá «a la gente a competir para ver quién está más enfermo y quién es más desgraciado».
El real decreto del Ejecutivo central prevé crear un parque de viviendas sociales con un alquiler barato para personas desahuciadas y fija el umbral de renta para acogerse a estas medidas en 3 veces el IPREM, que sean familias numerosas, familias con menores de tres años, incapacitados o dependientes, deudores en paro y sin prestación por desempleo o en supuestos de violencia de género.
Ante esta situación, Colau ha recordado que «todas las voces que se han escuchado desde el mundo judicial también lo han dicho así» y ha concretado que en ese ámbito se ha advertido de que «esto no va a cambiar la realidad de los juzgados la semana que viene ni las deudas de los afectados». En este sentido, para la PAH «toda la gente afectada es vulnerable, en la medida en que nadie deja de pagar su vivienda por voluntad propia sino que, en prácticamente todos los casos, estamos hablando de una situación de necesidad provocada por una crisis y por un 26% de paro», ha argumentado.
En su opinión, «todas las personas que, en el caso de vivienda habitual, dejan de pagar por causas ajenas a su voluntad deberían poderse acoger a una moratoria de estos desahucios». Así, ha criticado que «ahora mismo lo que se ha hecho es insistir en la misma línea del código de buenas prácticas, que ya se ha reconocido que ha sido un fracaso absoluto». «Prácticamente viene a ser la continuidad de ese código», ha insistido.
«El código de buenas practicas era un código al que sólo se podía acoger la gente en riesgo de exclusión social y, al final, han sido pocas decenas o pocos centenares de personas los que lo han podido utilizar. Insistir en esa formula yo creo que es una falta de respeto a la ciudadanía y, en particular, a la gente afectada», ha concluido.
Amnistía Internacional
Amnistía Internacional ha denunciado este viernes que las nuevas medidas de protección de los deudores hipotecarios, aprobadas este jueves en Consejo de Ministros, son «claramente insuficientes», tanto en relación al proceso de adopción, como en su contenido.
En concreto, ha señalado que el Gobierno ha excluido «totalmente» del diseño de estas medidas a las personas afectadas y sus organizaciones, «contraviniendo recomendaciones de Naciones Unidas» para garantizar la participación de estos colectivos en el diseño de las políticas de vivienda.
En cuanto al contenido, el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, ha asegurado que, si bien en la exposición de motivos destaca la necesidad de reforzar el marco de protección a los deudores, el real decreto «no alude ni una sola vez al derecho a una vivienda adecuada, no propone ninguna reforma legislativa que garantice un recurso judicial efectivo a todas las personas que les permita defender sus derechos ante un desalojo, ni incluye la necesidad de realizar una evaluación del impacto de los desalojos en las personas».
Asimismo, la organización ha advertido de que el real decreto recomienda al Gobierno que promueva un fondo social de viviendas, procedentes de las entidades de crédito pero no fija «un calendario claro ni una hoja de ruta definida». «Además, no exige al Gobierno información clave en materia de vivienda, como la actualización del censo de viviendas vacías, que data del 2001, ni de otro tipo de información con la que dar una respuesta habitacional eficaz para las personas ya desalojadas», ha añadido.
De esta forma, de acuerdo con Amnistía Internacional, el Gobierno vuelve a «desoír las recomendaciones del Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la vivienda y reincide en el incumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia del derecho a una vivienda adecuada». Además, ha recordado que la normativa internacional prohíbe los desalojos sin garantías de protección de los derechos humanos.
CGPJ
El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, considera que el decreto ley con medidas urgentes para paliar los desahucios que ha aprobado el Consejo de Ministros supone «un primer paso», aunque ha resaltado quees necesario reformar la ley hipotecaria, que data de 1909, «para adaptarla al principio constitucional de que España es un estado social, democrático y de derecho».
Fernando De Rosa ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación en Valencia, antes de clausurar el VIII Encuentro entre el CGPJ y el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales, preguntado por el nuevo decreto ley en materia de desahucios.
El vicepresidente del CGPJ ha destacado que «desde el primer momento» este órgano manifestó la importancia de que existiera «una propuesta política por parte de los grupos en el Congreso y en el Senado para atajar este drama social».
Así, entiende que el real decreto «es un primer paso» y desde los juzgados «vamos a estar apoyando esta iniciativa». Sin embargo, considera que «lo importante es ahora, con un poco más de quietud, proceder a la reforma de la propia legislación hipotecaria, que es de 1909, totalmente anterior a la Constitución Española, para adaptarla al principio constitucional de que España es un estado social, democrático y de derecho».
«Bienvenidas estas medidas, eran muy necesarias, pero también habrá que, con quietud y atendiendo a la postura de las entidades financieras y lo que digan la Unión Europea y los usuarios proceder a la reforma», ha reiterado.
Preguntado por las declaraciones del consejero de Justicia, Jorge Cabré, en las que dijo los jueces hacen gala en el tema de los desahucios de una sensibilidad que no han tenido durante años, De Rosa ha respondido que «los jueces no pueden aplicar nada diferente a la ley».
«Los jueces aplicamos la ley, porque es el mandato en un estado de derecho», ha subrayado el vicepresidente del CGPJ, quien ha dicho que Cabré «sabe perfectamente que los jueces valencianos han tenido mucha sensibilidad en esta materia y en muchas otras». En esta línea, ha destacado que «si algo caracteriza a los jueces valencianos, es su carácter innovador y atendiendo a las circunstancias de la sociedad».