La constante ofensiva de la jerarquía católica más conservadora contra los avances democráticos, concretados en el reconocimiento de derechos civiles, constituye un ataque directo contra la Constitución y el principio de libertad religiosa. La voluntad de imponer sus creencias al conjunto de una sociedad, cada vez más plural, expresa una viva nostalgia del nacionalcatolicismo, de aquellas leyes franquistas que derogaban las republicanas para “devolver a nuestras leyes el sentido tradicional que es el católico”.
Continúan sin aceptar una sociedad en la que deben tener cabida todos los ciudadanos, creyentes o no, bajo la inspiración de los valores constitucionales.
No podrá aplazarse por mucho tiempo, más allá de oportunismos políticos, la revisión de los acuerdos Iglesia-Estado. La Constitución proclama la libertad religiosa y de culto, establece que “ninguna confesión tendrá carácter estatal” y fija un marco de “cooperación” entre el Estado y las diversas confesiones. Sin embargo, en demasiadas ocasiones no parece haberse superado el Concordato de 1953.
El Acuerdo vigente de 1976 afirma que el Estado español reconoce (haciendo referencia a la Ley franquista de libertad religiosa de 1967, derogada en 1980) que “debe haber normas adecuadas al hecho de que la mayoría del pueblo español profesa la religión católica”, firmación radicalmente incompatible con el planteamiento constitucional. Por ejemplo, los Acuerdos de 1979 sobre enseñanza se firmaron cuando la Constitución acababa de entrar en vigor, pero se negociaron bajo la presión de una jerarquía ávida de conservar sus privilegios antes de que aquella fuera aprobada.
En dichos Acuerdos, el Estado admitió que los Centros educativos públicos estuviesen sometidos a los dictados de dicha jerarquía en cuanto a lo que se refiere al nombramiento y remoción de los profesores de religión católica y a los contenidos de esa materia, norma que,
incomprensiblemente, forma parte del ordenamiento jurídico de un Estado que dice ser aconfesional. La jerarquía, periódicamente, despide a profesores de religión con argumentos que se fundamentan en el Código de Derecho Canónico de 1983, código que, además de carecer de legitimidad democrática, no forma parte del ordenamiento español. Constituye una flagrante injerencia de la jerarquía en asuntos públicos.
La posición dominante de la jerarquía constituye una violación de los principios que obligan a todas las confesiones, según la Ley de Libertad Religiosa de 1980, a preservar a todos los ciudadanos de toda “coacción” y garantizarles “el respeto de los derechos y libertades reconocidos por la Constitución y, en especial, de los de libertad, igualdad y no discriminación”. Lamentablemente, el discurso episcopal mayoritario es una muestra de la absoluta falta de respeto a principios ya indiscutibles en los ordenamientos democráticos como la igualdad de trato, sobre todo por razón del sexo, y el rechazo de políticas discriminatorias.
