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La moderna esclavitud del Golfo -- Mónica Prieto

Publicado en

El Mundo.es

Cuando dejó Sri Lanka para trabajar como sirvienta en Arabia Saudí, a Sepalika le prometieron 100 euros al mes. Semanas después llegó la sorpresa. «Cuando le dije a mi patrón que quería mi salario, me golpeó las mejillas (…) No comí en dos días para protestar, exigiéndoles mi sueldo. No me pagaron. No me dieron ni un céntimo en 10 meses de trabajo».

Nur, de 36 años, no tuvo mejor suerte en Kuwait. «La patrona se enfadó porque encendí el fuego antes de enharinar, y me pateó en la espalda. Después me atacaba por levantarme tarde, por no terminar mi trabajo. Me golpeaba con lo que tuviese en las manos, con una escoba, con un cuchillo… Su hijo me increpaba, me decía ‘cállate y haz lo que mi madre dice, como un perro. Si no lo haces, te moleré todos los huesos'».

Es posible que Milliaun Mingos, de 21 años, no aguantase la presión: esta srilankesa de 21 años cayó por el balcón de la vivienda donde trabajaba, en el norte de Beirut, el pasado día 1. Si fue un suicidio, el de Milliaun sería al menos el quinto entre empleadas del hogar extranjeras que se registra en el Líbano en este año, una cifra que pone de relieve una realidad no admitida.

Hace unas semanas, la emisión en Francia de un reportaje titulado ‘Líbano, país de esclavos’ provocó una oleada de indignación en el país de los Cedros. Los periódicos se colapsaron con mensajes coléricos de lectores —algunos irreproducibles— que consideraban que el documental generalizaba convirtiendo unas cuantas excepciones en norma. Si bien no les faltaba razón, los casos no son tan raros ni exclusivos del Líbano, como demuestran las denuncias de la Organización Mundial del Trabajo, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y Human Rights Watch (HRW).

La conclusión es contundente: la explotación de los trabajadores domésticos en Arabia Saudí, Kuwait, el Líbano y Emiratos Arabes es un hecho. Impago de salarios, horas de trabajo excesivas, confiscación de pasaportes, restricción de movimientos, invasión de sus vidas privadas, escasez de alimentos, acoso sexual, abusos verbales y físicos… La situación de las trabajadoras asiáticas y africanas, sustitutas de las empleadas egipcias, sirias y palestinas que antaño trabajaban en los hogares del Golfo, roza a veces el esclavismo ante la impasividad de gobiernos cuyas leyes no protegen a los inmigrantes.

Las irregularidades constatadas por HRW, que la pasada semana publicó el informe de 131 páginas ‘Exportadas y Expuestas’ centrado en las empleadas de Sri Lanka, comienzan en el país de origen: las trabajadoras son engañadas por contratistas que no les informan sobre las condiciones de trabajo y les cobran tasas para cubrir el viaje que les dejan endeudados. Una vez en los países de destino, los empleadores —responsables de las domésticas a efectos legales— les requisan en muchos casos la documentación: algunas son obligadas a trabajar entre 16 y 21 horas diarias por sueldos de entre 10 y 30 céntimos de euro la hora sin tiempo libre ni posibilidad de relacionarse con miembros de su comunidad.

Mujeres atrapadas

A Rajmani se la puede observar cada día, a las 5.30 de la mañana, tendiendo ropa en la casa de Ashrafiye, barrio cristiano de Beirut, donde trabaja. A las 17.30 horas trata de controlar a los niños, y a las 23.00 es posible verla en la calle, limpiando el coche del patrón. «Hasta a los perros les dejan salir, a nosotras nos tienen atrapadas. Aquí somos como esclavos», explicaba Omaya, de 25 años, al diario libanés ‘The Saily Star’. Omaya, congoleña, hablaba desde un refugio creado por Cáritas para las domésticas que escapan. Se estima que 150.000 empleadas extranjeras trabajan en el Líbano —con una población de cuatro millones de habitantes—, la mayoría de Sri Lanka (80.000), Filipinas y países africanos como Etiopía, Eritrea, Nigeria y Sudán (unas 30.000).

Según HRW, cada año 125.000 mujeres de Sri Lanka se ponen en manos de agencias abusivas que les proporcionan trabajo como sirvientas. Se calcula que hay unas 660.000 en todo el mundo, el 90% de ellas en Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos y el Líbano. En teoría, tienen derecho a tener un contrato claro y coherente —se les hace firmar a menudo en árabe, idioma que desconocen—, a un número de horas de trabajo razonable, a gozar de descanso diario y semanal, a un salario mínimo y a una protección jurídica contra cualquier forma de explotación o abuso. En la práctica, los gobiernos fallan en países de origen y destino a la hora de proteger a estos ciudadanos.

En el caso de los mencionados países del Golfo, «la legislación laboral excluye categóricamente a los trabajadores domésticos de ciertos derechos básicos como las vacaciones, limitación de horas de trabajo o indemnizaciones. Las leyes de patrocinio de inmigración restringe la capacidad de los trabajadores de cambiar de empleador, incluso en caso de abuso», explica el informe de HRW. «Los Gobiernos de Arabia Saudí, Kuwait y Emiratos deben extender sus leyes laborales a los trabajadores domésticos, asegurar que sus denuncias sean escuchadas y reformar la legislación para que los trabajadores no queden amarrados a sus empleadores», dice Jennifer Turner, investigadora de HRW. El Gobierno de Emiratos responde indignado que la organización «ignora muchos pasos positivos adoptados», aunque su reacción coincide con una huelga de 40.000 trabajadores asiáticos que protestan por los bajos sueldos.

En el caso libanés, el Ejecutivo «expone a los trabajadores srilankeses a abusos rechazando garantizarles días de descanso o limitar las horas de trabajo», denuncia Nadim Houri, experta de HRW. «Demasiados empleadores abusivos y agentes de trabajo sin escrúpulos explotan a estos trabajadores sin enfrentarse a ningún castigo real», añade. Para corregir esta tendencia, el abril de 2007 se creó un comité —a petición de la Organización Mundial del Trabajo— con la misión de redactar una legislación o, al menos, un contrato único acorde a las leyes más básicas que sea reconocido y respetado por todas las partes. Si la crisis política no impide sus trabajos, el Líbano podría convertirse en el primer país del Golfo en prevenir, por ley, los abusos contra sus trabajadores extranjeros.

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