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La Justicia internacional al servicio de los poderosos -- Iranzu Orbara

Publicado en

Umoya

La Señora Florence Haertmann, ha escrito un libro demoledor sobre los entresijos de la Justicia Internacional: “PAIX ET CHÂTIMENT – Les guerres secrètes de la politique et de la justice internacionales – Las guerras secretas de la política y de la justicia internacionales), en la Editorial francesa Flammarion. La autora fue en los años 90 corresponsal del periódico Le Monde en la ex-Yugoslavia y de 2000 a 2006 portavoz y colaboradora de Carla Del Ponte, Fiscal jefe del TPIY, que posteriormente extendió sus competencias al TPIR (R de Rwanda), en Arusha (Tanzania).

Florence Hartmann es presentada en la contraportada de su libro como una testigo directa que nos abre unas puertas cerradas: “Expone a la luz del día los métodos brutales que las grandes potencias son capaces de utilizar, lejos de miradas indiscretas, para alcanzar sus objetivos en el escenario internacional y establece un verdadero dossier de cargo que viola la ley del silencio”. Denuncia la actitud equívoca de las potencias democráticas ante una justicia internacional, que, sin embargo, se nos presenta como el compromiso de los demócratas para luchar contra la barbarie.

La mayor parte del volumen 300 páginas está dedicado a asuntos, auténticas revelaciones, relativos al proceso de Slobodan Milosevic y otros criminales serbios. Sin embargo, son las breves páginas consagradas al TPI para Rwanda (TPIR), las que quisiera destacar en esta a modo de recensión (los párrafos en negrilla son una transcripción del texto de la autora). Asistimos a los pasos/zancadillas y a las motivaciones que van a conducir a la separación y sustitución de Carla Del Ponte como fiscal jefe del tribunal instalado en Arusha.

Habría que señalar, en primer lugar, que EEUU nunca ha mostrado excesivo entusiasmo, antes al contrario, por la existencia de los tribunales internacionales para perseguir delitos contra la humanidad. Ha logrado que muchos países, entre ellos Rwanda, firmen un acuerdo por el que renuncian a perseguir o a llevar ante dichos tribunales a los estadounidenses que pudieran ser acusados de tropelías realizadas en el extranjero en las “misiones americanas de defensa de la civilización”. De ahí que no reconozcan a la Corte Penal Internacional (CPI), puesta en marcha el 1 de julio de 2002, con el propósito de sustraer de esa jurisdicción internacional a su personal en el extranjero.

USA ha hecho todo lo posible para que el TPIY y el TPIR cierren sus acciones lo antes posible y ha desbloqueado fondos importantes para dotar a Belgrado y Kigali de medios para que puedan juzgar ellos mismos algunos culpables.

En diciembre de 1999 Carla Del Ponte abrió una investigación sobre los oficiales tutsi del FPR. “Estas investigaciones especiales – dice Florence Hartmann – no tenían como objeto el genocidio de los tutsi, sino las matanzas cometidas contra civiles hutu que huían en masa ante el avance del FPR. Kagame, victorioso militarmente, estima que sus hombres no tienen que rendir cuentas a la justicia de una comunidad internacional que dejó que los tutsi fueran masacrados”. Para convencer al poder ruandés de que el tribunal de Arusha debe terminar, EEUU promete a Kagame que esas investigaciones especiales que tanto le molestan se paralizarán y a la vez podrá segarse la hierba bajo los pies del juez francés Bruguière, que desde 1998 investiga sobre el atentado contra el avión del presidente ruandés Habyarimana derribado el 6 de abril de 1994.

En verano de 2002, el gobierno ruandés paralizó durante varias semanas los procesos de Arusha, bloqueando la llegada de testigos-víctimas del genocidio. Carla Del Ponte protestó sin éxito y aceptó, a instancias del EEUU, reestablecer el diálogo con los dirigentes ruandeses, ya que la obstrucción ruandesa podía conducir a la absolución de algunos acusados por falta de testigos. “Esta arma temible, de la que disponía el poder ruandés es un contrafuego encendido por Kigali para llevar a Del Ponte a renunciar a sus investigaciones que apuntaban a oficiales del ejército tutsi del FPR.

Porque el mandato del TIPR no se limita al genocidio organizado y dirigido por extremistas hutu sino a todos los graves atentados al derecho internacional perpetrados durante 1994. Según expertos independientes, unos treinta mil hutus habrían sido asesinados en territorio ruandés en el momento de la progresión del ejército del FPR. El ministerio fiscal de Arusha tenía localizados catorce lugares donde se produjeron estas masacres y trataba de remontar (y identificar a los responsables) en la cadena mando. Oficialmente Kagame prometió a Del Ponte su asistencia, pero el general-presidente nunca tuvo la intención de entregar uno solo de sus hombres al TPIR. De ahí las presiones ejercidas en verano de 2002. Del Ponte se ve obligada a ordenar a sus tres investigadores que suspendan su misión en Rwanda, pero rehúsa suspender la instrucción, ni siquiera temporalmente”.

Rwanda se convenció de que Del Ponte no cedería y buscó la mediación de sus poderosos aliados americanos y británicos. El encuentro entre ruandeses y Del Ponte se produjo los días 14 y 15 de mayo de 2003 en Washington. La posición de los delegados del gobierno ruandés es clara: frente a las protestas de la Fiscal por la falta de cooperación; argumentan que el TIPR tiene un enorme trabajo por delante en la persecución de los responsables del genocidio tutsi y que no puede legitimar investigaciones contra los militares tutsi mientras no haya terminado su trabajo sobre el genocidio. No niegan que se hayan cometidos crímenes, pero manifiestan su deseo de encargarse ellos de esta cuestión.

Los americanos intervienen varias veces en las conversaciones instando a que la Fiscal ceda a Rwanda el trabajo de estas investigaciones especiales. Carla Del Ponte se muestra dispuesta a que los ruandeses emprendan, paralelamente al TPIR, sus propias investigaciones, a condición de que Arusha pueda acceder al dossier de la instrucción ruandesa. “Deseo verificar sobre el terreno las informaciones. Acepto trabajar con ustedes, pero necesito su plena cooperación. Esos crímenes existen y no pueden silenciarse.

Perseguirlos sería un elemento para la reconciliación”. Del Ponte quiere mantener el control de la investigación, porque sabe que en Rwanda la justicia está al servicio del poder y que los testigos de los crímenes cometidos por éste están sometidos al silencio. Lo americanos, sin embargo, presionan para que sea Rwanda quien conduzca y dirija el procedimiento judicial contra los oficiales responsables de masacres. No pudo firmarse ningún acuerdo. El 16 de mayo, consejeros del Departamento de Estado de EEUU presentan a Del Ponte un documento que pretende ser “Un resumen de las conclusiones entre el gobierno de Rwanda y el TPIR”. Es una trampa, ya que tal documento “prevé el abandono de todas las investigaciones contra los sospechosos del Ejército Patriótico Ruandés (APR) por parte de la Fiscalía del TPIR y exige el envío a la jurisdicción ruandesa del dossier así como la comunicación de los lugares localizados de las masacres”. Del Ponte rechaza firmar dicho documento y denuncia ante la oficina de Kofi Annan , el cual condena la maniobra americana a la vez que critica a Del Ponte por haberse expuesto a la presión de un Estado.

Pero los americanos no se dan por vencidos. “Como contrapartida de las garantías de impunidad contra cualquier persecución judicial de los militares tutsi ante el TPIR, Kigali debe firmar un acuerdo bilateral con los EEUU que protege a los ciudadanos norteamericanos de persecución ante la Corte Penal Internacional (CPI)”. Kigali, además, verá que el embargo que pesa sobre la adquisición de armamento será levantado por el Congreso americano; todo ello en un contexto regional, el de Los Grandes Lagos, en el que Rwanda no ha cesado de intervenir militarmente para desestabilizar el este de la RDC y proseguir la explotación y el pillaje de los recursos mineros, tan codiciados. En la operación de acoso y derribo de Carla del Ponte, entran en juego los británicos, nada sospechosos de estar en contra de los tribunales internacionales.

Jack Straw, a finales de junio de 2003, entrega en Ginebra a Kofi Annan una carta “en la que pide que el puesto de fiscal, único para el TPIY y TPIR, se divida en dos y que se proceda al nombramiento de un fiscal para el tribunal de Arusha. Justifica su petición por imperativos de eficacia y reducción de gastos. Del Ponte va a ser despojada de su puesto en el TPIR por haber rechazado el acuerdo concluido entre Washington y Kigali con el aval de Londres”.

Carla Del Ponte fue nombrada Fiscal en septiembre de 1999 y su mandato de cuatro años culminaba dentro de unos meses. Ella mostró su deseo de continuar en sus funciones, y salvo la voluntad de Washington, Londres y Kigali, que lanzan contra ella operaciones de descrédito, en las participan también algunos miembros de su equipo que aspiran a ocupar su puesto, la renovación de su mandato parecía abrirse camino.

Sin embargo, “Kigali denuncia que un fiscal se dedique sólo a tiempo parcial (al TPIR); lo que es un ‘insulto a las víctimas del genocidio’. Americanos y británicos la acusan de que no dedica tiempo suficiente a Arusha, de que sus viajes cuestan caro y de que está demasiado ocupada en el proceso a Milosevic y en la detención de Karadzic y Mladic. Los argumentos parecen convincentes y la mayoría de los miembros del Consejo de Seguridad acogen favorablemente la propuesta. Están lejos de sospechar una maniobra motivada por la voluntad de separar a Del Ponte para poner fin a las ‘investigaciones especiales’.

21.10.2007

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