La HOAC y la JOC elaboraron recientemente un comunicado muy crítico con la última reforma laboral diseñada por el PP, como también se había pronunciado anteriormente sobre la del PSOE. La Delegación Episcopal del Trabajo de la Diócesis de Madrid creyó oportuno difundirlo –actuación habitual, por otra parte, con todo tipo de documentos– entre las parroquias. Sin embargo, la Vicaría General mandó una carta en la que indicaba que el escrito no concordaba con la opinión de la diócesis y consideraba «improcedente su difusión». En la nota, fechada el 24 de febrero, se resaltaba que la misma se enviaba «por indicación del Sr. Cardenal» con el fin de que «cada vicario episcopal la haga llegar a los ámbitos de su responsabilidad”. Hasta aquí los hechos.
La discrepancia en un asunto tan sensible como la modificación del marco laboral resulta de lo más comprensible. El propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, era consciente de ello cuando confesó en una reunión de mandatarios europeos que le iba a costar una huelga general. No cabía esperar tampoco una unanimidad de juicio en el seno de la Iglesia. Es más, desde los orígenes del cristianismo se han sucedido las diferencias de criterios en todo tipo de asuntos, como podemos leer en los Hechos de los Apóstoles y en las Cartas a las distintas comunidades cristianas diseminadas por los confines del Imperio Romano. En esta ocasión llama la atención la diligencia del señor cardenal en desautorizar a su propio delegado, el escaso tacto en el procedimiento utilizado y el no haber querido evitar el escándalo mediático subsiguiente. Ya se sabe que el mejor escribano echa un borrón.
La intención de Juan Fernández de la Cueva, el sacerdote responsable de la delegación, al difundir este documento no era otra que contribuir «a analizar un hecho social que cae dentro de la dimensión social de la fe». Dado, que según el delegado, «la dimensión social de la fe es elemento nuclear de la evangelización, lo propio es ‘hacer una lectura cristiana de la reforma laboral aprobada por el Gobierno». En ningún caso Juan Fernández de la Cueva, en su carta de presentación, hacía constar que la opinión expresada por la HOAC y la JOC fuera la única posible dentro de la Iglesia, ni mucho menos el parecer oficial de toda la Diócesis de Madrid que, por otra parte, nadie, ni siquiera el señor cardenal, ha definido públicamente hasta ahora. A pesar de todo, el delegado episcopal continúa, por el momento, en su puesto.
Los autores del comunicado contra la reforma laboral no han sido, hasta la fecha, debidamente informados de los errores doctrinales que pudiera contener su manifiesto o en su defecto, de las razones que tiene el propio señor cardenal para asegurar que «la diócesis no se identifica» con el contenido del documento. Cabe recordar que tanto la HOAC como la JOC pertenecen a la Acción Católica y, en razón de esta pertenencia, siguen siendo consideradas organizaciones eclesiales. De hecho, en varias diócesis de nuestro país el mismo comunicado desautorizado por Rouco ha sido distribuido a través de los órganos de difusión institucionales de las distintas iglesias locales y hasta algún que otro purpurado ha mostrado su comprensión –sin un apoyo entusiasta, todo hay que decirlo– con las declaraciones de los movimientos apostólicos especializados en el mundo del trabajo. Sin embargo, algún que otro párroco de Madrid cree haber captado el mensaje y está cerrando sus puertas a los miembros de estos movimientos.
La repercusión mediática de la actuación del señor cardenal ha tenido gran repercusión. Sus incondicionales se han volcado en los foros para desempolvar los viejos tópicos que todavía hoy siguen pesando sobre la HOAC y la JOC, a los que, con muy poca caridad cristiana y peor estilo, acusan de filocomunistas y herejes a los que hay que depurar más pronto que tarde. La prensa contraria, siempre dispuesta a explotar los escándalos y cebar la de por sí mala imagen de la jerarquía, tampoco dejó pasar la ocasión de entrar al trapo.
