Vivimos uno de los peores momentos de desmoralización de la sociedad española desde la llegada de la democracia.
Una ola de indignación recorre toda España. Los consumidores de productos financieros protestan contra los abusos que sufren cientos de miles de afectados por las denominadas «participaciones preferentes» y por las «cláusulas suelo» en las hipotecas, o se movilizan activamente contra los desahucios de viviendas por impagos de los abusivos créditos hipotecarios que durante décadas impusieron los bancos y cajas a sus clientes.
Mareas humanas de ciudadanos indignados se manifiestan en todas las comunidades autónomas en defensa de la sanidad y la educación públicas. También lo hacen contra los injustos recortes antisociales que están imponiendo el gobierno central y muchos gobiernos autonómicos, con el pretexto de que son necesarios para poder salir de la crisis económica.
Estamos viviendo unos de los peores momentos de desmoralización de la sociedad española desde el advenimiento de la democracia y una pérdida casi total de soberanía de nuestro país. Esta situación es consecuencia de la sumisión del Gobierno de Rajoy a los intereses económicos de Alemania, pérdida de soberanía que va más allá de la que impone nuestra pertenencia a la Unión Europea.
Todo parece indicar que el poder económico, a cuyo servicio está actuando el Gobierno, está aprovechando una crisis económica provocada por la rapiña insaciable de las entidades financieras. Esta situación se ha visto agravada aún más en España por la «burbuja inmobiliaria», facilitada por una nefasta política urbanística impuesta por el Gobierno de Aznar para introducir, con criterios ideológicos, cambios sustanciales en nuestro modelo de estado de bienestar.
El único fin de esta estrategia es acabar totalmente con él, y lograr así un nuevo modelo donde la gestión de la sanidad pública esté en manos de la empresa privada con la excusa de la «externalización» de la gestión de los centros hospitalarios, a la vez que ir desmantelando la educación pública de calidad.
En estos días estamos conociendo que una nueva medida política con enorme carga ideológica, que se quiere enmascarar como necesaria para afrontar la crisis por parte del Gobierno de Rajoy, se está tratando de introducir para modificar las pensiones.
Así se van creando las condiciones para obligar a los trabajadores a tener que contratar planes de pensiones con bancos o entidades financieras para poder garantizar una pensión digna para su futuro. Para finalizar estas reflexiones, es necesario señalar que precisamente todas estas medidas que se están adoptando contra la sanidad y la educación públicas, o las ya comenzadas en relación a las pensiones, la justicia o la subida de impuestos, son todo lo contrario de lo que el partido político que gobierna España había prometido en su programa electoral.
Tanto el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, como todo el Partido Popular saben que si hubieran dicho la verdad a los españoles durante la última campaña electoral, es posible que no hubieran ganado las elecciones de la manera que lo hicieron.
Por tanto, esa práctica de utilizar la falsedad y la mentira en política, tiene un solo nombre: fraude electoral y comportamiento antidemocrático.
