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La Iglesia venezolana condena los «excesos en la represión» de las protestas anti-Maduro

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Religión Digital

Reivindica el derecho a la manifestación y la libertad de expresión e información
«La protesta contra el Gobierno es legítima y constitucional, pero debe ser pacífica»
La Conferencia Episcopal Venezolana condenó los «excesos» en la represión a los manifestantes opositores al gobierno de Nicolás Maduro. Reivindicó los derechos a la protesta «pacífica» y a la libertad de expresión e información.

Ante las constantes situaciones de enfrentamientos entre ciudadanos afines y opositores al gobierno de Nicolás Maduro y el uso de la fuerza pública, que ha provocado varias víctimas mortales, la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) exhortó a construir la paz y evitar la violencia.

Los obispos rechazaron «cualquier tipo de violencia, tanto en las manifestaciones como fuera de ellas, así como los excesos en la represión de las mismas. Lamentamos la muerte de tres ciudadanos, la situación de salud de los heridos y el gran número de estudiantes detenidos» y expresaron sus «sinceras condolencias a los familiares de los fallecidos».

«El derecho a la protesta pacífica, así como el derecho a la libertad de expresión e información, son valores sociales imprescindibles para el ejercicio de una auténtica democracia. Los que ejercen responsabilidades públicas deben garantizar el ejercicio de esos derechos, evitando el uso de medidas judiciales para amedrentar y castigar a los disidentes», reclamaron en un comunicado.

La CEV consideró que «frente a los grandes desafíos de nuestro país en la lucha contra la inseguridad personal y la violencia social, y ante los graves problemas económicos que nos afectan a todos, la protesta contra el Gobierno es legítima y constitucional, pero debe ser pacífica» y advirtió que «el recurso a la violencia como medio para imponer las propias posiciones, venga de donde venga, es moralmente inaceptable».

«La violencia debe ser desterrada siempre tanto del lenguaje como de las acciones. Los grupos violentos deben ser desarmados y controlados por las autoridades policiales, en concordancia con la política de desarme. Exigimos una exhaustiva investigación y el castigo a los culpables en el marco de la Constitución y las leyes, observando el debido proceso judicial», subrayó.

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