Por primera vez en los treinta años de democracia en España, la Iglesia, que todavía se resiste a pedir perdón por su apoyo al franquismo y por su silencio en las matanzas durante la Guerra Civil, ha tomado partido, ha roto la neutralidad que tanto defendió el cardenal Tarancón durante toda la Transición y ha decidido aconsejar a los fieles católicos que voten por el Partido Popular y en contra del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Con su tradicional lenguaje ambiguo, la semana pasada la Permanente del Episcopado, formada por una veintena de obispos, hacía públicos unos nuevos diez mandamientos, elaborados después de más de cinco horas de debate, recordando que, entre otras cosas, no se puede votar a los partidos políticos que negocian con ETA.
Ocultando que casi todos los partidos políticos, desde la desaparecida UCD (Unión de Centro Democrático) de Adolfo Suárez, pasando por el Partido Popular de José María Aznar o el Partido Socialista de Felipe González o Rodríguez Zapatero, han negociado con ETA; olvidando que fue precisamente un obispo perteneciente a la Conferencia Episcopal y titular de la diócesis de Bilbao, monseñor Uriarte, quien hizo de intermediario y de amanuense a petición del ex presidente del Gobierno en las conversaciones que durante el Gobierno Aznar tuvieron lugar en territorio suizo; reservándose la información de que desde Radio Vaticana, órgano informativo de la Santa Sede, se le ha dado voz y cobertura a Batasuna; ignorando el papel que un sector de la Iglesia católica y algunas congregaciones religiosas han desempeñado en Euskadi dando cobertura, ayuda, apoyo y estímulo a la banda armada; sin recordar a sus fieles que una de las reuniones clave del fracasado proceso de paz último (bendecido en su momento por el propio Papa Benedicto XVI) tuvo lugar nada más y nada menos que en el Santuario de Loyola, los obispos, en vísperas electorales, se han visto obligados, igual que ha hecho el Partido Popular durante la legislatura, a utilizar el terrorismo como arma electoral y en un documento que ronda la demagogia intentar hacer, en ese mismo lenguaje ambiguo, una distinción entre hablar con ETA, reunirse con ETA, dialogar con ETA y negociar con ETA
El Episcopado, a través de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, se ha alineado con el sector más duro del Partido Popular, se ha sumado a sus posiciones más conservadoras, más radicales, se ha manifestado en contra de la Ley de Memoria Histórica, de la asignatura Educación para la Ciudadanía, de la ley que regula los matrimonios homosexuales, de la Ley del Aborto y, por primera vez en la historia democrática nacional, ha orientado el voto hacia el Partido Popular.
De esta forma la Iglesia no sólo toma partido (y lo viene tomando desde que los obispos salieron a la calle a manifestarse públicamente del brazo del primer partido de la oposición), sino que se somete al veredicto de las urnas para que esos diez mandamientos sean ratificados o rechazados por el electorado.
Si ganan Mariano Rajoy y el Partido Popular, no se sabe hasta qué punto es buena esa nueva alianza del poder civil con el eclesiástico, ese maridaje que tiene poco que ver con el espíritu de la Constitución de l978.
Por el contrario, si ganan el Partido Socialista y Rodríguez Zapatero, significará que la Iglesia ha perdido un referéndum que ella misma ha convocado, al tiempo que dará argumentos para que el sector más laicista del Gobierno y del partido pida un tratamiento para la Iglesia católica similar al de las otras religiones, exigiendo el estricto cumplimiento de obligaciones económicas de las que actualmente está exenta y denunciando el Concordato con la Santa Sede.
El documento de los obispos, del que ya se han alejado algunos prelados como el arzobispo de Sevilla, monseñor Carlos Amigo (?debemos estar unidos para buscar la paz entre todos??), y el abad de Montserrat (?hay que respetar la autonomía de los políticos??), es el punto final a cuatro años de relaciones tormentosas entre la Iglesia y el Estado, especialmente desde la aprobación de la ley de matrimonio homosexual, norma que condenó el propio Papa Benedicto XVI y que supuso un punto de no retorno en las relaciones entre la Santa Sede y España.
Aunque desde la Embajada de España en el Vaticano (a la que en su momento se envió al ex alcalde de A Coruña, Francisco Vázquez, católico militante y muy próximo a las posiciones del Opus Dei) y desde la vicepresidencia del Gobierno se ha intentado reconducir las relaciones, el peso que en la Conferencia Episcopal tiene el sector más conservador (Antonio Cañizares, Rouco Varela, García Gasco y el secretario general, el obispo auxiliar de Madrid, Juan Antonio Martínez Camino) ha hecho imposible una normalización de relaciones a pesar de las numerosas cesiones, especialmente en el terreno económico, que ha hecho el Gobierno.
La posición política tan clara que han adoptado los obispos es, con seguridad, el error más grave que ha cometido la Iglesia española desde la llegada de la democracia y tendrá consecuencias a corto, medio y largo plazo.
(Tiempo)