La Iglesia católica salvadoreña celebró hoy la decisión del Gobierno de Mauricio Funes de cumplir las recomendaciones de la CIDH sobre el asesinato del arzobispo Óscar Arnulfo Romero, y pidió no «manipular» la memoria del jerarca. «Vemos con simpatía este gesto de parte del presidente Funes y pedimos al Señor que las decisiones que se tomarán en los meses que vienen para llevar a afecto el compromiso asumido contribuyan a la reconciliación de la familia salvadoreña», declaró monseñor Gregorio Rosa Chávez, obispo auxiliar de la arquidiócesis de San Salvador.
El jerarca indicó, sin precisar detalles, que «eso implica que el martirio del pastor sea tratado con sumo respeto, dejando de lado toda intención de manipular su memoria».
«Se trata de algo sagrado, no podemos tocar a monseñor Romero con las manos sucias», añadió Rosa Chávez en una rueda de prensa, y consideró que «hay que hacer justicia, pero para lograr llegar al perdón de modo que la sociedad se reconcilie».
Resaltó, igualmente, que con la decisión oficial se culmina un esfuerzo iniciado por monseñor Arturo Rivera y Damas, quien demandó al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por no haber investigado adecuadamente el asesinato de Romero.
Sobre el anuncio del Gobierno de Funes, que reconoció «plenamente» la autoridad del CIDH y el carácter vinculante de sus recomendaciones, Rosa Chávez consideró que «de esta manera se afirmó solemnemente el compromiso de cumplir» con lo establecido en la resolución emitida por ese organismo en el año 2000.
La CIDH recomendó al Gobierno salvadoreño que realice de manera expedita una investigación judicial completa, imparcial y efectiva sobre el caso, con el fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales, sin perjuicio de una Ley de Amnistía decretada en 1993.
También ordenó al Estado que repare todas las consecuencias de las violaciones de derechos humanos cometidas, incluyendo el pago de una justa indemnización, y que adecúe su legislación interna a la Convención Americana para dejar sin efecto la amnistía.
Al respecto, el director general de Derechos Humanos de la cancillería, David Morales, transmitió a la Comisión el compromiso del Gobierno de Funes «de cumplir de buena fe» y en la medida de sus posibilidades las recomendaciones de este organismo.
Romero fue asesinado cuando oficiaba misa el 24 de marzo de 1980 por agentes del Estado que integraban escuadrones de la muerte.
La Comisión de la Verdad, que investigó los crímenes de guerra en este país, señaló como autor intelectual del asesinato de Romero al fundador de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena, de derecha), Roberto D’Aubuisson, ya fallecido.
Pero la Ley de Amnistía, aprobada un año después de los Acuerdos de Paz, que pusieron fin a la guerra civil en el país (1980-1992), dejó en la impunidad ese crimen.
