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LA IGLESIA CATÓLICA VULNERA EL DERECHO COMUNITARIO AL NO PAGAR EL IMPUESTO MUNICIPAL DE OBRAS

Publicado en

Rebelión

Petición de Willy Meyer (Izquierda Unida) y Marco Cappato (lista Emma Bonino) a la Comisión Europea
Los dos eurodiputados ya habían interpelado el pasado año a la Comisión Europea sobre un impuesto municipal que recibe la Iglesia católica española, y que según ellos viola el derecho comunitario.

La cuestión versa sobre el impuesto municipal sobre «Construcciones, Instalaciones y Obras» (ICIO) que grava la realización de obras.

En el año 2001 a través de una Orden Ministerial «la Santa Sede, la Conferencia Episcopal, las Diócesis, las Parroquias y otras circunscripciones, las Ordenes y Congregaciones Religiosas y los Institutos de Vida Consagrada y sus provincias y sus casas (…)» quedan total y permanentemente exentas de dicho Impuesto.

Los diputados se quejan ante la Comisión europea porque «el estado español está concediendo la exención a obras relacionadas con actividades económicas en las que la Iglesia católica actúa como empresa, es decir, a explotaciones comerciales que realizan en clara competencia con otras empresas privadas que sí están sujetas al ICIO». Y esto -prosiguen los diputados- «es incompatible con el mercado común porque distorsiona la competencia y el principio del Derecho comunitario por el que las empresas deben competir sobre la base de sus propios esfuerzos».

La Comisión en su primera respuesta ha confirmado que «la exención del ICIO se limita a las actividades puramente religiosas, no afecta a “empresas” en el sentido del Derecho de la competencia».

En cambio los diputados, en su segunda interpelación, insisten y documentan que dichas construcciones están relacionadas con actividades «total y absolutamente ajenas al culto católico y que tienen por objetivo la obtención de ingresos» dando como ejemplos la construcción de escuelas privadas, universidades privadas, hospitales privados, obras en emisoras de radio privadas, entre otros.

Ambos diputados han declarado además, que si la segunda respuesta de la Comisión europea resultara evasiva, no dejarán de hacer presión tal como ocurrió en el caso de la exención del IVA (VI Directiva UE) a la Iglesia católica, donde el Gobierno español se vio obligado a abolir dicha exención por contradecir el derecho comunitario y evitar así un proceso ante la corte de Luxemburgo.

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