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La Iglesia, ante el informe de la ONU sobre pedofilia

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la nación

El «código de silencio» en los casos de abusos de menores, denunciado por las Naciones Unidas, es uno de los máximos desafíos que deberá resolver el Papa
El encubrimiento de miles de casos de abusos de menores por parte del clero , uno de los conflictos más graves que afectaron a la Iglesia Católica en los últimos años y ante el cual tanto el papa Benedicto XVI como el papa Francisco demostraron rápidamente una férrea decisión de combatirlo, ha sumado en estos días a un nuevo protagonista.

En efecto, el Comité para los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (ONU) ha denunciado el miércoles pasado el «código de silencio» usado por la Iglesia durante décadas para encubrir a los sacerdotes denunciados por pedofilia y exigió «remover de inmediato» de sus cargos y entregar a la policía a todos aquellos curas que sean culpables.

Si bien Roma creó en diciembre pasado una comisión especial para «aconsejar al Papa y a la Santa Sede» en lo referido al «cuidado pastoral de las víctimas de abusos», según declaró el cardenal capuchino Sean Patrick O’Malley, arzobispo de Boston desde 2003 y uno de los miembros del grupo de los ocho altos prelados que asesoran al Papa para ayudarlo en el gobierno central y a reformar la Curia romana, es evidente que la feroz crítica contenida en el informe de la ONU -rechazada por la Santa Sede en algunos tramos que considera una injerencia indebida- pone una inédita presión sobre el Vaticano para que se aceleren los tiempos y se refuercen las medidas para sancionar los abusos y a los abusadores.

El cardenal O’Malley es justamente el titular de una de las primeras y más golpeadas diócesis por los escándalos y le tocó asumir su cargo tras la dimisión del cardenal Bernard Francis Law, que está acusado en los Estados Unidos de encubrir a numerosos sacerdotes pederastas. Fue él de quien el Papa actual, al día siguiente de ser elegido, habría dicho: «No quiero que frecuente este lugar». De todas maneras, es necesario reconocer que fue en los Estados Unidos donde primero los obispos asumieron significativas medidas al decidir, en 2002, que ningún sacerdote abusador pudiera seguir ejerciendo el ministerio.

Desde estas columnas hemos subrayado la importancia de poner en primer lugar el sufrimiento de las víctimas y sus derechos, antes que intentar proteger con el silencio el prestigio de la institución. La política de «tolerancia cero», poco asumida por algunos obispos -el citado informe de la ONU señala también que se priorizó mantener la reputación de la Iglesia por encima de los intereses de los niños-, fue una medida emprendida por Benedicto XVI, puntal en la materia de un trabajo tan profundo como silencioso en sus ocho años de papado, y seguido con notable rigor y capacidad de mando por el actual pontífice.

Ya Benedicto XVI, en su carta a los católicos de Irlanda, observaba: «Entre los factores que han contribuido a la crisis, podemos enumerar los procedimientos inadecuados para determinar la idoneidad de los candidatos al sacerdocio y a la vida religiosa, la insuficiente formación humana, moral, intelectual y espiritual en los seminarios y noviciados «. Y concluía en la necesidad de «una acción urgente para contrarrestar estos factores que han tenido consecuencias tan trágicas para la vida de las víctimas y sus familias».

Hubo casos altamente indignantes. Algunos comprometieron a obispos y a rectores de comunidades. Son emblemáticos los de Holanda, Irlanda y Estados Unidos. En marzo de 2010, The New York Times publicó la estremecedora historia de Lawrence Murphy, sacerdote que confesó haber abusado en Milwaukee de más de doscientos chicos sordos, ante lo cual las autoridades eclesiásticas, en lugar de detenerlo y juzgarlo, lo trasladaron. Y en muchos otros países hay denuncias graves. También en el nuestro, en Brasil, en Chile y en México, patria de Marcial Maciel, el finalmente condenado fundador de los Legionarios de Cristo, orden ultraconservadora que acaba de hacer un histórico mea culpa tras conocerse el informe de la ONU.

El filósofo trasandino José Andrés Murillo, víctima en juventud del conocido sacerdote Fernando Karadima, que constituyó un verdadero escándalo en el país limítrofe, escribía: «Encubrir la realidad para defender la institución es un error en todos los planos, un error que puede constituir un crimen tan grave como el abuso mismo, puesto que acepta y legitima lo inaceptable».

Lamentablemente, la delegación vaticana ante el Comité de los Derechos del Niño, en la ONU, en enero pasado, desempeñó un polémico papel pues, mientras por un lado sus integrantes reconocieron la gravedad de los casos de abuso de niños por parte de miembros del clero, monseñor Silvano Tomasi, al frente de esa delegación, afirmó que abusadores hay en las profesiones más respetadas del mundo. No es esa la definición que se espera de un delegado del Vaticano. El abuso es particularmente grave cuando se trata de personas que gozan de confianza y están llamadas a proteger la integridad de los menores. Según observa monseñor Charles J. Scicluma, maltés y promotor de justicia de la Congregación para la Doctrina de la Fe en la Santa Sede, de los abusos cometidos por sacerdotes «el 60% de los casos se trata de actos de efebofilia (por la atracción sexual hacia adolescentes del mismo sexo); en el 30%, de relaciones heterosexuales y, en el 10%, de actos de verdadera y propia pedofilia (por la atracción sexual hacia impúberes).

Entre 2001 y 2010 se denunciaron ante el organismo vaticano para la Doctrina de la Fe alrededor de 3000 abusos cometidos por sacerdotes católicos en los últimos 50 años. Este aberrante delito plantea graves objeciones a la credibilidad del magisterio de la Iglesia y a la reputación del clero. La perversión de los religiosos insinúa que también la doctrina que predican carece de valor y provoca que la misma fe se desacredite. El mensaje evangélico queda, así, profundamente mancillado.

En este mes, además de presidir una nueva reunión de los ocho cardenales asesores, Francisco deberá avanzar en su política de tolerancia cero contra los abusos y de colaboración con la Justicia, uno de sus máximos desafíos; darle transparencia al banco del Vaticano, y reformar drásticamente la Curia, su gabinete de gobierno. Tres áreas clave en su plan de reformas

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