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La HOAC de Cádiz se solidariza con las 45 trabajadoras de la limpieza de los colegios públicos, sancionadas con dos días de arresto domiciliario, por protestar por el impago de sus nóminas

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Las 45 trabajadoras, junto con un trabajador, de la limpieza de colegios públicos y dependencias municipales de Cádiz, que interrumpieron un pleno del Ayuntamiento para reclamar las nóminas adeudadas, han sido condenadas a un arresto domiciliario de dos días. Según la presidenta del comité de empresa, María Luisa del Valle, “el día que interrumpimos el pleno porque no nos pagaban, la alcaldesa mandó desalojar la sala y la Policía Local nos sacó a empujones. Imagínate cómo fue, que a mí me arrancaron los botones del chaquetón de los empujones que nos dieron, y varias resultaron heridas con contusiones y tuvieron que ser atendidas en el Centro de Salud”.

Según su versión, los agentes “mintieron, porque dijeron que nosotras les habíamos arañado y les hicimos sangre, y eso no es verdad”. Los trabajadores pertenecen a la empresa Limasa, cuyos directivos, a su vez, justificaban el impago y los retrasos de las nóminas por la demora del Ayuntamiento en pagar las cantidades acordadas. Entre las trabajadoras sancionadas, se encuentran una militante de la HOAC, Toñi Guardado, una antigua militante, Ana Camelo, y una simpatizante, Elvira Gil. “Estamos indignadas al ver que los del caso Malaya, por poner un ejemplo, se van casi de rositas y a nosotras, madres de familia que nos levantamos a la seis de la mañana para ganar 700 u 800 euros, nos tratan como delincuentes por pedir simplemente lo que es nuestro”, explica Guardado.

La HOAC de Cádiz acordó en su Asamblea diocesana de principio de curso solidarizarse con las 45 trabajadoras de la limpieza de colegios públicos y dependencias municipales, que cumplirán un arresto domiciliario de dos días por reivindicar sus salarios y derechos laborales.

La comisión diosena de la HOAC de Cádiz ha expresado públicamente su apoyo a la lucha de las trabajadoras de la limpieza al considerar injusta la sanción impuesta por defender sus derechos laborales y entender que las medidas judiciales son un intento más por acallar las voces que piden mayor justicia y transparencia en la gestión que las administraciones hacen de la actual situación de crisis. Las asalariadas condenadas, por su parte, han decidido cumplir uno de los dos días “de localización permanente” decretado por la Justicia reunidas en la sede de la asociación de vecinos de Trille el 27 de octubre, mientras que el día restante lo pasarán cada una en su casa, cuando ellas estimen oportuno. Desde el 2 de octubre, el juzgado correspondiente lleva entregando la sentencia condenatoria a las trabajadoras de la empresa.

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