El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado esta mañana la Directiva de retorno de inmigrantes de terceros países residentes en territorio de la Unión -también llamada Directiva de la vergüenza- con 367 votos a favor, 206 en contra y 109 abstenciones.
El texto, consensuado entre el Consejo y el Parlamento Europeo, amplía el plazo de la detención hasta 18 meses, permite la deportación de menores incluso no acompañados, y prohíbe la entrada de los inmigrantes a todo el territorio de la UE durante 5 años.
El eurodiputado de Izquierda Unida Willy Meyer ha calificado esta Directiva como una «verdadera vergüenza para Europa». Para Meyer, «con esta Directiva se pretende deportar a 8 millones de personas bajo la figura de la detención administrativa». En declaraciones a la salida del pleno, Meyer ha señalado que «no desea para ningún ciudadano del mundo lo que no desea para un ciudadano de la UE. En ese sentido, imagínense -continuó- lo que ocurriría si a cualquier ciudadano europeo se le aplicaran las condiciones de internamiento por un problema de papeles que les vamos a aplicar a los inmigrantes en le UE: sería un gran escándalo diplomático.» Meyer ha recordado que «para los que hemos sufrido detenciones bajo esta figura, su recuperación nos parece indignante. La detención administrativa convierte a los inmigrantes en unos delincuentes, cuyo único delito es haber abandonado su lugar de origen en busca de una vida mejor «, y ha denunciado que «con esta Directiva se pone fin a la Europa garantista.»
Willy Meyer -visiblemente indignado- ha querido recordar que «los Estados miembros, que han reducido su ayuda a la cooperación este año respecto a la del año anterior, impidiendo a los países del Tercer Mundo cumplir con los Objetivos del Milenio, son los que ahora quieren aprobar esta Directiva de la vergüenza. Esta será la aportación de la UE -añadió- a la lucha contra la hambruna en el siglo XXI.»
El eurodiputado finalizó su intervención haciendo un llamamiento a la movilización ciudadana en toda Europa «para frenar esta Directiva, que pretende ser la pieza fundamental de la política represiva comunitaria en materia de inmigración y que anula los derechos fundamentales de las personas inmigrantes.»
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