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He visto hoy en la televisión, no en TVE, que parece que veta esos espectáculos deprimentes que contradicen la versión oficial, unas escenas que admiten un montón de calificativos, todos malos: indignantes, deprimentes, penosas, injustas, violentas, abusivas, casi crueles. Se trataba de un desahucio en el barrio madrileño de Pueblo Nuevo, de una mujer con tres hijos, de seis y cinco años, más un pequeñín de veintiún días. Lo había solicitado le propietario del piso, el glorioso y nunca vituperado suficientemente bando madrileño Bankia. Y lo ejercía la policía nacional, con un numeroso grupo de antidisturbios. Además de la somera descripción que acabo de hacer, la escena merece una reflexión, y la haré de manera ordenada, para qué resulte más fácil y claro entender mi opinión.
1º) La diligencia que ahora demuestra Bankia nos hubiera gustado a todos que la hubiese sacado a relucir con sus altos dirigentes, quienes, además de los suculentos sueldos, disponían de la las generosas tarjetas que todos conocemos, y, por si algo faltaba, se auto abastecieron, muchos de ellos, de escandalosas primas e indemnizaciones. Los jueces ya han decidido que hay, en todo ello, señal de delito, así como en la fraudulenta salida a bolsa, y otras minucias que significaron, para el banco, un autentico desfalque de muchos millones. ¿Tanta importancia estratégica tiene para Bankia el piso de Elvira para dejar en la calle a una mujer, con su marido en el paro, con tres hijos pequeños? ¿No le resulta más rentable solicitar lo que según todos los indicios, se llevaron, por medio de apropiación indebida, ¿respetables presidentes? de la entidad? Les doy una idea a los actuales dirigentes de la antigua y venerable Caja de Madrid: que expropien las mansiones de sus ex presidentes que todos conocemos, que les dará mucho más dinero, sin comparación, que el piso de Elvira. Y, seguro, que esos magnates poseen casa, o casas, donde abrigarse.
2º) El juez que falló el procedimiento del desahucio, ¿ha leído el artículo 47 de la Constitución española? Pues por si acaso, se lo recuerdo: ?Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos??. Sé que muchos jueces, y tal vez el de este caso, se llevan muy malos ratos en casos de flagrante injusticia, como son casi todos los episodios, generalmente violentos, en que familias sin medios, desvalidas e indefensas, son arrojadas a la calle, expulsadas de la casa en la que han vivido, o, seguramente, mal vivido, a veces, toda la vida, o unos cuantos años. Los jueces, deberían insistir, hasta casi forzar al poder ejecutivo, al Gobierno, para que éste cumpla lo que de modo tan claro y apremiante ordena la Constitución.
3º) ?Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho??. Queda precioso y responsable, super avanzado, nuestro ordenamiento constitucional, pero lo evidente es que ni éste, ni ningún otro Gobierno, lo han hecho. Y con los ajustes y recortes, la cosa ha ido a peor. A pesar de la propaganda del Gobierno actual de que los desahucios están disminuyendo, no es así. Como también es mentira, o, mejor políticamente correcto, no es del todo de verdad, que no haya más pobreza que años anteriores, o del anterior Gobierno. Ayer salió un informe que aseguraba, sin dejar lugar a dudas, de que hay un millón y trescientos mil habitantes más en riesgo real de pobreza que en el año 2009. Es decir, sin género de dudas, este Gobierno no está como para tirar cohetes.
4º) No sé, sinceramente, qué hace la policía nacional acudiendo, en equipación y protocolo de antidisturbios, a un desahucio. Sé, y me consta fehacientemente, que a muchos policías les pone en un dilema, casi de conciencia, tener que acudir a ejecutar uno de esos desahucios inmisericordes. Pero tengo que decir que, por lo menos sus jefes, tendrían que presentar a sus superiores políticos los problemas de conciencia y de sensibilidad política que tienen sus subordinados para ejecutar algo que, muchos de ellos, ven como un atropello a la Constitución. Y los policías deberían considerar que, en la mayoría de los casos, los disturbios sólo suceden cuando ellos aparecen armados hasta los dientes, protegidos de manera insultante ante pacíficos ciudadanos que sólo quieren ejercer el hermoso y democrático derecho de proteger a sus vecinos. El día que los mandos de la policía entiendan esta situación, la ciudanía no solo apreciará más a su policía, sino que la tendrá, como debe de ser, como una garantía, la mejor, de la defensa de su dignidad. Ojalá que, por encima de divisiones políticas, ciudadanos y policía puedan entonar un canto a la sensibilidad democrática y a la convivencia ciudadana.