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La Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía rechaza el proyecto de modificación de la Ley de Extranjería

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Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía

Comunicado del área de inmigración de la APDHA. 30 de junio 2009
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía mantiene su oposición al texto de reforma de la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, Ley de Extranjería, aprobada el pasado viernes por el Consejo de Ministros. La APDHA exige la retirada del texto y la apertura de un período de negociación y consulta con organizaciones sociales del ámbito de extranjería.

El texto de reforma de la Ley de Extranjería, aprobado el viernes, mejora el primer borrador presentado ante la opinión pública en diciembre de 2008. Sin embargo, un análisis del documento deja en evidencia que esta mejoría no es tanto por el mérito de este nuevo texto, sino porque el anteproyecto anterior era realmente nefasto. Aquel texto se encontró con una clara oposición de distintos estamentos y grupos sociales y de numerosos organismos como el Consejo General de la Abogacía Española, el propio Consejo General del Poder Judicial o el Consejo de Estado.

Entre estas alteraciones que mejoran el texto de diciembre de 2008, destaca haber introducido la posibilidad excepcional de reagrupar a progenitores que no hayan cumplido aún los 65 años (aunque sea en este caso excepcionalmente y sólo por motivos humanitarios), lo que confirma las críticas a la falta de fundamentación de aquella restricción y los riesgos que dicha restricción conlleva. También se ha corregido el artículo 53 en el que se establecía la infracción de la solidaridad, quedando referida a aquellos supuestos en los que se haya invitado al extranjero a visitar España. Pero se mantienen las sanciones para los que empadronen a un inmigrante en su domicilio.

Igualmente se ha modificado la regulación en cuanto a los menores no acompañados, cuestión que es abordada de forma algo más satisfactoria, esencialmente, al reconocer el derecho de algunos de estos menores a participar en el procedimiento de repatriación así como a recurrirlo ante los tribunales, algo que hasta ahora no estaba contemplado en la ley y que el Tribunal Constitucional había reconocido.

No obstante, el aspecto del nuevo texto que destacamos de forma más positiva es la inclusión de un nuevo procedimiento referido a las mujeres víctimas de violencia de género en el que se establece la posibilidad de conferirles una autorización de trabajo provisional, figura hasta ahora desconocida en nuestra legislación y cuya utilidad para otros ámbitos debería ser considerada. De todas formas, este nuevo procedimiento mantiene la exigencia de abrir un procedimiento de expulsión a las mujeres que denuncien ser víctimas de violencia de género lo que seguirá siendo un gran obstáculo para que estas mujeres se decidan a dar el paso de denuncia.

Sin embargo, en otros aspectos el nuevo texto es aún más limitativo de derechos que el anterior. Como por ejemplo la nueva regulación del derecho a la educación en el artículo 9, en el que ya no se afirma que todos los extranjeros tienen derecho a la educación, como se hacía en el anterior anteproyecto. No se trata de una cuestión semántica puesto que el derecho a la educación de los ciudadanos extranjeros ha quedado regulado en los mínimos establecidos por el Tribunal Constitucional.

El nuevo texto también restringe la arbitrariedad de la Administración en el cómputo de los plazos de internamiento de los extranjeros, aunque mantiene la ampliación de estos plazos hasta los 60 días sin que se haya contemplado la revisión de la aberración jurídica que supone la ampliación de la privación de libertad para personas a las que se les imputa una simple falta administrativa.

No obstante, este texto aprobado el pasado viernes mantiene numerosas restricciones que nos llevan a manifestar nuestro rechazo al mismo. Estos retrocesos tienen su fundamento en la adhesión a un teórico modelo de inmigración legal y ordenada y de lucha contra la inmigración ilegal cuya utilidad se ha demostrado fracasada y, además está provocando graves violaciones de los derechos humanos. El texto tiene mucho de represión y control y muy poco de integración.

El anteproyecto destaca por un sesgo claramente restrictivo marcado por una visión utilitarista de carácter económico de los extranjeros, de acuerdo a la cual la vida del extranjero en España sólo tiene sentido en cuanto elemento del mercado laboral sin alejarse de esos planteamientos que predominan en el marco europeo y que se basan en el recorte de los derechos de los inmigrantes y la radicalización de la persecución de los inmigrantes.

Por ello, teniendo en cuenta que ya partimos de una Ley de Extranjería, la actual, que vulnera que derechos fundamentales y es gravemente lesiva para los inmigrantes, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía manifiesta su rechazo y exige la retirada del texto, para la apertura de un período de negociación y consulta con las organizaciones del ámbito de la extranjería que tenga como objetivo replantearse la actual legislación española de extranjería abandonando criterios rancios y restrictivos que se han demostrado inútiles y profundizando en planteamientos de integración y respeto de los derechos humanos.

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