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INTENTOS PARA SILENCIAR A PERIODISTAS

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Adital

Al culminar el trimestre abril, mayo y junio de 2006, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión expresa su preocupación por los asesinatos de tres periodistas, más de 50 episodios de agresiones físicas contra comunicadores sociales, los procesos penales en curso en contra de periodistas y la existencia de iniciativas legislativas regresivas en materia de libertad de expresión. Asimismo, la Relatoría expresa preocupación por la ocurrencia de una serie de otros hechos destinados igualmente a tratar de silenciar a periodistas y a medios de comunicación críticos de funcionarios públicos y de gobiernos.

Estos hechos incluyen: asignación discriminatoria de publicidad oficial, censura previa, señalamientos por parte de altas autoridades, despidos, denuncias de espionaje y episodios de discriminación en el acceso a actos oficiales.

En cuanto a aspectos positivos, la Relatoría Especial destaca los avances legislativos en México relacionados con la despenalización de delitos contra el honor; y en Uruguay, con el Anteproyecto de Ley de Acceso a la Información Pública y Amparo Informativo presentado al Congreso. La Relatoría considera positivos también algunos avances en procesos penales relacionados con asesinatos de periodistas.

Este pronunciamiento trimestral, basado en el monitoreo diario que la Relatoría Especial realiza de la situación del derecho a la libertad de expresión en la región, tiene como objeto resaltar con mayor actualidad las preocupaciones y los avances en materia de libertad de expresión en la región, y tratar de contribuir con ello a impulsar la adopción de los correctivos que pudieran ser pertinentes para una mayor vigencia del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.

En Argentina la Relatoría Especial observa que durante el trimestre hubo un alto número de agresiones y amenazas contra periodistas, provenientes en buena parte de funcionarios públicos. En Bolivia la información recibida por la Relatoría Especial incluye varios señalamientos por parte de altas autoridades del Estado con respecto a la labor de la prensa, incluyendo la calificación de «enemigos del gobierno» a los propietarios de una red televisiva.

En Brasil la Relatoría Especial observa que hubo dos episodios de censura previa ordenados por el Poder Judicial a través de medidas cautelares. En Chile la información correspondiente al periodo analizado incluye la confirmación de la sentencia de prisión a cuatro periodistas y las agresiones por parte de policías a periodistas que efectuaban su labor en la calles. En Colombia la información recibida indica la existencia de varios episodios de agresiones contra periodistas, incluyendo la agresión y detención de varios periodistas que cubrían una manifestación indígena, a quienes confiscaron y destruyeron sus equipos.

En Costa Rica la Relatoría Especial considera que la validación del artículo 7° de la Ley de Imprenta efectuada por el Tribunal Superior de Justicia es incompatible con las tendencias más recientes sobre el derecho a la libertad de expresión. Dicho artículo contempla sanciones de cárcel a periodistas por los delitos de calumnia, difamación e injuria. En Cuba la Relatoría Especial emitió un comunicado de prensa solicitando a Cuba que libere a los más de 20 periodistas que mantiene presos y otro recomendando al Estado derogar las restricciones para el acceso al Internet.

En Guatemala la Relatoría Especial sigue con atención la situación de las radios comunitarias que fueron cerradas. En Honduras la Relatoría considera preocupante que el periodista Jesús Octavio Carvajal se haya visto obligado a salir temporalmente del país por las amenazas y agresiones recibidas. En México llama la atención el alto número de episodios de agresiones y amenazas registrados en el trimestre. Ya en Panamá el anteproyecto de Código Penal presentado por una Comisión Codificadora contiene disposiciones incompatibles con el derecho a la libertad de expresión.

En Paraguay la Relatoría manifiesta su preocupación por el hecho de que continúa desaparecido desde febrero de 2006 el periodista Enrique Galeano y por los episodios de cierre de radios comunitarias. En Perú la Relatoría Especial considera preocupante el alto número de agresiones contra periodistas y contra medios de comunicación registrados en el trimestre.

En República Dominicana la Relatoría recibió información de un episodio de agresión a periodistas por parte de dirigentes de un partido político en el interior del país. En Uruguay preocupa la condena al periodista Gustavo Escanlar bajo acusación por el delito de injuria. Y en Venezuela la Relatoría Especial manifiesta su preocupación por el asesinato de los periodistas Jorge Aguirre y José Joaquín Tovar, el alto número de procesos penales iniciados contra varios comunicadores sociales, la condena a prisión a la periodista Mireya Zurita y al periodista Henry Crespo, la solicitud de demolición de la sede del diario Correo del Caroní y las declaraciones de altos funcionarios públicos del 14 de junio de 2006 conforme a las cuales se habrían ordenado revisar las concesiones a canales de televisión por motivos que podrían incluir la línea informativa de tales medios.

La Relatoría Especial considera que los hechos ocurridos en toda la región en el trimestre bajo estudio revelan la existencia de diversos problemas en torno al ejercicio del derecho a la libertad de expresión que ameritan la búsqueda de los correctivos necesarios por parte de todos los sectores involucrados.

En los próximos meses, la Relatoría Especial publicará un manual sobre la utilización del sistema interamericano de derechos humanos para la promoción y defensa del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Asimismo, la Relatoría organizará seminarios para periodistas sobre la materia en diversos países de la región.

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