La I Marcha por la Visibilidad de la Diversidad Funcional celebrada el pasado 15 de septiembre forma parte del proceso de reivindicación de un colectivo discriminado bajo la etiqueta de minusválidos. En la primera manifestación de estas características que se celebra en el Estado español, los más de mil manifestantes que se encontraron en Madrid exigieron que se desarrollen políticas comprometidas para las personas con diversidad funcional y que se realicen inversiones directas para tener igualdad de derechos y oportunidades: que las diversidades físicas, mentales, sensoriales o intelectuales no sean vistas como lastres sociales.
Un año atrás
La idea de celebrar la I Marcha por la Visibilidad de la Diversidad Funcional tiene su origen un año atrás, en septiembre de 2006. Por esas fechas se estaba cocinando la ley de promoción de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia (o ‘inDependencia’). Un grupo de personas con diversidad funcional se encerró en la sede del IMSERSO con idea de hacer llegar a José Luis Rodríguez Zapatero los planteamientos de algunas de las personas a las que más afectaría dicha ley. Al final se logró una entrevista con el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera. Durante la misma, el ministro adquirió una serie de compromisos que, más adelante, no cumplió, como lo relativo a la figura del asistente personal, el pago directo, la consideración del gasto añadido que supone tener capacidades diversas, así como el compromiso de colaboración directa con el Foro de Vida Independiente (FVI), una comunidad virtual de debate y reivindicación a favor de los derechos humanos de las personas con cualquier tipo de ‘discapacidad’.
Del incumplimiento de la palabra del ministro nació una ley de ‘inDependencia’ coja e insuficiente, por más publicidad que se le haya dado. Con la aprobación de la ley en el Congreso cundió el desánimo dentro del FVI. De la sensación de engaño e impotencia surgió la idea de reivindicarnos mediante un acto público y de carácter lúdico: la marcha. POR UNA MAYOR VISIBILIDAD Después del encierro del IMSERSO nacieron nuevos objetivos. Quizás el primero fuera conseguir visibilidad.
Visibilidad hacia el exterior: frente a una Administración que hace oídos sordos a nuestras peticiones, unas asociaciones por las que no nos sentimos representados, frente a una gente que nos mira con ojos de pena o incómodos, y no como fuente de diversidad y riqueza. Pero también visibilidad hacia el interior. La discriminación que sufren los hombres y mujeres con diversidad funcional está fuertemente arraigada incluso en las mentes de quienes padecen dicha discriminación. Muchos se ven a sí mismos como lastres. No han roto las barreras mentales ni emocionales que les permitan verse como parte integrante y valiosa de la sociedad en que viven.
Ley de (in)dependencia
Se presenta a bombo y platillo como el cuarto pilar del Estado del bienestar, pero se trata de una ley insuficiente, con un enfoque erróneo y mal desarrollada. Dentro de los objetivos de la ley, así como en su articulado, se recoge el derecho de las personas con diversidad funcional a la “igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal”. No obstante, un vistazo al catálogo de prestaciones y servicios que ofrece la ley muestra los siguientes servicios: teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día y de noche y centros residenciales. Difícilmente pueden estos servicios garantizar la inclusión social de las personas con capacidades diversas, dado que todos van dirigidos a recluirlos en sus casas, en el mejor de los casos, o a segregarlos en residencias y centros de día o noche, también conocidos como ‘granjas’. En cuanto a las prestaciones económicas, se encuentran las vinculadas al servicio, cuando no se pueda acceder a alguno de los anteriores, las ayudas para cuidadores del entorno familiar, tendente a perpetuar a la familia y sobre todo a la mujer como prestadora de servicios no remunerados, y la de asistencia personal.
Así, sólo la prestación por asistencia personal parece encaminada a asegurar la inclusión social de este grupo, pero esta prestación sólo se recibe para “facilitar al beneficiario el acceso a la educación y al trabajo, así como una vida más autónoma en el ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria”. Es decir, la participación social queda excluida de esta prestación y, por ende, de la ley. Ésta fue otras de las cosas a las que se comprometió el ministro Caldera.
Corresponde al recién creado Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia establecer la cuantía y condiciones de acceso a las prestaciones y servicios que ofrece la ley. Este organismo ha puesto unos topes de 780 euros/mes como prestación de asistencia personal para un dependiente de grado alto y 585 euros/mes para uno con menor dependencia. Según las experiencias piloto realizadas en las Comunidades Autónomas de Madrid, Barcelona y País Vasco, guiadas más por el espíritu de igualdad de oportunidades establecido por la ONU que por este desbarajuste que propone el Gobierno, dichas ayudas equivalen a 2,6 horas de asistencia al día. Apenas es tiempo para levantarse y acostarse, lo que está ridículamente alejado de los objetivos de la prestación. Según la ley, se considera grado de gran dependencia “cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día […] necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona”.
Habría que añadir, además, el efecto del copago. A diferencia de los otros tres pilares del Estado del bienestar (sanidad, educación y pensiones), éste está cofinanciado por el usuario en función de su nivel de ingresos. Esto es lo mismo que decir que recibir asistencia para levantarse de la cama, lavarse, vestirse, estudiar, trabajar o formar una familia es un derecho menos fundamental que los ya consolidados, además de constituir una injusta imposición de impuestos por duplicado.
Por un término ‘diverso’
El término de ‘personas con diversidad funcional’ cuenta con poco más de dos años de existencia. Fue acuñado en el Foro de Vida Independiente (www.forovidaindependiente. org) para superar la negatividad de los términos que se aplicaban al colectivo con anterioridad: minusválido, discapacitado, in-válido… Tales términos limitantes y/o despectivos llevan aparejada la idea de que las personas que son así etiquetadas ‘valen menos’ o, incluso, de que son inútiles. Las mujeres y los hombres con diversidad funcional están alejados, en sus parámetros biofísicos, de los patrones que definen la ‘normalidad’ de la población. Así, una persona sorda se comunica a través de los ojos y un sistema de gestos y signos, mientras que el resto de la población lo hace fundamentalmente mediante la palabra y el oído. Sin embargo, ambos realizan la misma función: la comunicación.
Las diferentes características de las personas con capacidades diversas obligan a éstas a realizar las mismas funciones de manera diferente, por lo que en algunas ocasiones, precisan de ayudas técnicas y, en otras, de asistencia de terceras personas.
Por otra parte, esta sociedad no ha contemplado la posibilidad de integrar plenamente la diversidad en todos sus ámbitos (educación, transporte, ocio, trabajo, etc.). Es de esta falta de integración social, que piensa exclusivamente en la mayoría ‘normal’ (en el sentido estadístico del término), de donde nace la discriminación que sufre este colectivo.
