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Honduras: Informe evidencia violaciones a los Derechos Humanos de niños y jóvenes

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Adital

El período que sucedió al Golpe de Estado en Honduras batió record de violaciones a los Derechos Humanos. No sólo contra los adultos que salieron a las calles a luchar por la vuelta del orden constitucional, sino también los niños, los adolescentes y los jóvenes fueron alcanzados por la intensa represión y por el saqueo de los derechos más básicos.

Para hacer públicas las principales violaciones a los derechos de la población menor de 30 años se difundió el «Primer Informe Trimestral de Monitoreo de las Violaciones de los derechos humanos de niños y jóvenes en el contexto de la ruptura del orden constitucional en Honduras». El documento comprende el período que va desde el 28 de junio, cuando el Presidente constitucional Manuel Zelaya fue depuesto, hasta el 30 de septiembre de 2009.

El Informe fue lanzado por el Programa Políticas Públicas para Prevenir la Violencia Juvenil (POLJUVE), que es implementado por la Alianza Internacional para la Consolidación de la Paz (INTERPEACE) en América Central. Su intención es dar visibilidad a las violaciones más recurrentes que no recibieron la debida atención, como también «ilustrar el impacto de la crisis política del país en la infancia y la juventud».

Además de hacer públicos los hechos, el Informe tiene el objetivo de exhortar a una toma de actitud. «El programa POLJUVE espera que este Informe sirva para informar a la opinión pública en general y en particular a aquellos que tienen la capacidad de tomar decisiones, para incidir de manera tal que las violaciones no continúen, y que en el futuro no vuelvan a ocurrir. También se espera que este Informe sirva para formular alternativas y estrategias de atención y aplicación de políticas públicas que coadyuven a encontrar soluciones viables y factibles de carácter permanente para asegurar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado de Honduras», intima el Informe.

En tiempos normales de ciudadanía, la población hondureña contaba con varios mecanismos de protección y garantía de los Derechos Humanos. Sin embargo, después de la ruptura del orden constitucional se transfiguró en otra realidad, en la que las garantías individuales quedaron vulneradas y en la dependencia de las decisiones al régimen de facto. La prueba de esta situación, el Informe la muestra en números.

Del 28 de junio al 30 de septiembre tres jóvenes fueron víctimas mortales de la represión emprendida durante las manifestaciones pacíficas. Los que murieron bajo la modalidad de ejecución arbitraria, sólo en los meses de julio y agosto, suman 138, de los cuales el 24% eran niños. De acuerdo con el Informe, la forma en que fueron asesinados explicita que se trata de «casos típicos de muertes organizadas por grupos de exterminio».

En un comunicado de denuncia, el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (CODEH) afirmó que «las personas fueron ejecutadas con armas de fuego cuyos calibres, se supone son de 5.56 mm, calibres que corresponden a los que usan las Fuerzas Armadas de Honduras y la Policía Nacional».

Los derechos a la libertad de circulación, de expresión, de información y a la libertad de pensamiento también fueron vulnerados con el toque de queda, el cierre de medios de comunicación y las persecuciones a periodistas, fotógrafos y comunicadores. «Del 28 de junio al 13 de noviembre, 31 periodistas fueron lesionados por la represión».

Las detenciones arbitrarias e ilegales y las desapariciones forzadas también batieron record. Ya que 63 menores de edad fueron detenidos entre el 28 de junio y el 10 de julio por haber participado en manifestaciones y haber violado el toque de queda. Torturas y malos tratos, violencia sexual contra menores de edad y violación del derecho a la salud y a la educación también se relatan en forma detallada.

Las conclusiones y recomendaciones del Informe exhortan a los responsables, sobre todo a los miembros del Estado de Honduras, a actuar en favor de la infancia, la adolescencia y la juventud para que se realicen «acciones de prevención que intenten alcanzar una eficaz y eficiente tutela y garantía de libertades y derechos».

Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com

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