Amenazas por teléfono o por terceros, asesinatos selectivos de periodistas, campesinos, personas LGBT y profesores, ataques de guardias privados contra personas o sedes de organizaciones sociales, campañas de desprestigio y procesos penales abusivos.
La larga lista se refiere a las violaciones contra defensoras y defensores de derechos humanos en Honduras, constatadas por las Brigadas Internacionales de la Paz (PBI, por su sigla en inglés) y presentadas en el recientemente lanzado Informe de la misión de corto plazo en Honduras: La situación de los defensores y defensoras de derechos humanos.
Durante tres semanas, en el último mes de mayo, PBI estuvo en Honduras, en contacto con organizaciones sociales, con el objetivo de evaluar la situación de defensores de derechos humanos del país después del golpe de Estado de 2009.
La conclusión indica un patrón de violaciones sistemáticas, que se constituye principalmente por tres factores ? impunidad en los casos de violaciones a los derechos humanos, cometidos por el Estado o no; criminalización y estigmatización de defensores y defensoras; implementación inadecuada de mecanismos y medidas de protección.
El número de violaciones ocurridas durante el período de la visita de PBI ofrece una muestra de la situación. En menos de un mes, asesinaron por lo menos a cinco defensores: un periodista, un líder campesino y tres miembros de movimientos campesinos. Además, intentaron invadir la oficina de una organización nacional de mujeres, agredieron a cinco jóvenes indígenas durante una actividad comunitaria y reprimieron violentamente manifestaciones pacíficas, se relata en el documento, resaltando que el cuadro de violaciones se mantiene hasta hoy.
Las medidas de protección no son implementadas adecuadamente, exponiendo a los defensores de derechos humanos, como ilustra el caso del periodista Nahún Palacios. ?l y su esposa fueron asesinados en marzo de 2010, aún estando bajo medidas de protección.
Pocos casos de violaciones de derechos humanos fueron debidamente investigados y pocos responsables fueron llevados a juicio. En los casos en los que se involucra a las fuerzas privadas de seguridad, no hubo ninguna investigación finalizada, se critica en el documento.
Ahora, los defensores temen que nuevas leyes den mayor fuerza a la criminalización de los movimientos sociales. Ha sido muy común la acusación por «sedición??, con aplicación amplia ? pintar una frase política en una pared o simplemente participar en una manifestación puede ser suficiente para tener que responder por este delito.
Las situaciones ejemplifican la contradicción existente en la aplicación de la justicia, tal como lo percibe la misión. «Por un lado, nos encontramos con la impunidad como respuesta a las violaciones de derechos humanos y por el otro, observamos la rápida respuesta del sistema judicial (emisión de ordenes de captura, agilidad en el proceso legal) cuando se trata de casos abiertos en contra de los defensores, y suponen penas que contribuyen a su estigmatización por ser presentados como delincuentes??, subrayan.
El estudio de las Brigadas señala que en el nivel de impunidad en el que Honduras se encuentra «se hace casi imposible que las autoridades locales puedan hacer cumplir los estándares internacionales de derechos humanos, además de disuadir contra posibles futuras violaciones a los derechos humanos??. De hecho, el país se transformó en el más peligroso del mundo, registrando en 2010 6.236 homicidios y una tasa de 7.721 homicidios por cada 100 mil habitantes.
A su vez, el Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y organizaciones internacionales denuncian que personas vinculadas al golpe continúan en la maquinaria del Estado, ocupando posiciones decisivas. Es el caso, por ejemplo, del General Romeo Vásquez Velásquez, que lideró el Golpe de Estado y ahora es gerente de la empresa nacional de telecomunicaciones.
Traducción: Daniel Barrantes ? barrantes.daniel@gmail.com
Periodista de ADITAL