Tras la inevitable toma de posesión del nuevo presidente de Honduras, José Porfirio Lobo, la posición que los movimientos sociales esperan del «nuevo» gobernante es que él reafirme el compromiso de investigar las violaciones cometidas contra los derechos humanos desde el golpe de Estado, el 28 de junio del año pasado, y penalice a los responsables.
Uso indebido de la fuerza, desapariciones forzadas, homicidios, torturas, malos tratos, intimidación contra periodistas y miembros de los movimientos de la oposición, detenciones arbitrarias y abusos contra mujeres y niñas son solamente algunos ejemplos de las violaciones a los derechos humanos cometidas por la policía y por el ejército contra los civiles hondureños.
Según Amnistía Internacional, lo similar entre todos los crímenes es la impunidad. «Hasta la fecha, fueron escasas las investigaciones que las autoridades civiles emprendieron sobre ellas (las violaciones). Las víctimas y sus familias no pudieron tener acceso a la justicia por cuenta de los abusos padecidos: en consecuencia de eso, las reparaciones por los daños sufridos fueran, hasta el día de hoy, inexistentes».
Para que estos crímenes no sigan sin resolución y queden en el olvido de las autoridades, subsistiendo solamente en la memoria de los perjudicados, Amnistía Internacional elaboró un documento con recomendaciones para el nuevo gobierno.
De inmediato, es solicitada la realización de «investigaciones independientes y rigurosas sobre todos los informes de violaciones a los derechos humanos – incluso actos de violencia sexual – cometidos desde el 28 de junio de 2009, y que los responsables sean colocados a la disposición de la justicia en procesos que cumplan las normas internacionales».
Es exigido aun que sean recusadas todas las medidas, sean ellas políticas o jurídicas, que impidan a los criminosos pagar por sus actos. Otra importante medida es la garantía de que aportes de fundamental importancia como las autoridades policiales y militares contribuyan con las investigaciones judiciales ofreciendo informaciones completas e permitiendo acceso a documentos.
La Procuraduría Especial de Derechos Humanos, bien como las demás procuradurías, deben empeñarse en las investigaciones sobre las violaciones a los derechos humanos. El programa de protección a las víctimas debe tener su eficiencia reforzada.
Para las víctimas de abusos debe ser concedida atención especial. Es necesario que la reparación sea basada en los principios de «restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición». También debe ser garantizado que las fuerzas armadas retornen a sus bases dando espacio para que la policía retome sus actividades normales.
Las exigencias fueron elaboradas tomando en cuenta las visitas realizadas por Amnistía a lo largo del golpe de Estado. Fueron recogidos testimonios de adultos y menores perjudicados y lesionados por la actuación de las fuerzas policiales y militares, principalmente, durante las manifestaciones contrarias al golpe.