Sugiero un comunicado en primer lugar de solidaridad con la etnia indígena Ngäbe-Buklé por la lucha que sostienen tesoneramente en reclamo de respeto a sus derechos y, concretamente, por la exigencia al gobierno nacional de prohibir y suspender concesiones mineras y de proyectos hidroeléctricos en la Comarca, promesas hechas por el presidente Ricardo Martinelli en febrero del año pasado,
y también de protesta ante el gobierno nacional por la represión que al amanecer del día de ayer domingo ejerció salvajemente la Policía Nacional contra los indígenas manifestantes a lo largo de la carretera Interamericana, dando como producto bombas lacrimógenas, perdigones, balas, golpes, persecución, más de cuarenta heridos, un muerto (Jerónimo Montezuma, un dirigente universitario), encarcelamiento de indígenas y de 33 obreros del Sindicato ?nico Nacional de la Construcción, SUNTRACS, cuando protestaban por la causa del pueblo indígena que es causa nacional, recluyéndolos en los centros penitenciarios de La Joya y La Joyita, algo completamente ilegal.
Durante todo el día domingo y hoy lunes, a pesar de todo, se siguen dando múltiples acciones sobre la carretera en distintos lugares, incluso en la capital, por los mismos Ngäbes-Buklé, pero también de otros diversos grupos. El punto arranca por la negación de los diputados de la Asamblea Nacional de no incluir en el proyecto de ley minera que está en segundo debate el punto 5, que precisamente señala la prohibición y derogación de concesiones mineras e hidráulicas en la región comarcal.
Cuando los indígenas no se sintieron escuchados en la Asamblea, después de muchas insistencias, decidieron cambiar el escenario de lucha, y decidieron irse a la Comarca y ejercer actos de presión, exigiendo que el presidente Martinelli fuera a hablar con ellos en el lugar donde estaban manifestando principalmente, en San Félix, provincia de Chiriquí. El presidente se negó en todo momento a ir y pedía que la dirigencia de la Coordinadora de Lucha del Pueblo Ngäbe se trasladara a la presidencia, cosa que el pueblo rechazó. Ante este impasse y tomando en cuenta la afectación mayúscula que a nivel nacional producía los tranques a lo largo de la carretera (pérdidas millonarias en productos, viajeros y turistas sin poder movilizarse, etc.) el Ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, con la venia del Presidente, decidió emplear la fuerza contra los manifestantes indígenas que son miles, y contra otros grupos solidarios.
La Iglesia Católica de la Diócesis de David, cuyo obispo es Monseñor José Lacunza, ha actuado de mediadora en este conflicto, desde el año pasado cuando explotó este problema y llama a ambas partes al diálogo, aunque algunos sacerdotes del área han ido mucho más allá, señalando la falta de cumplimiento del Presidente a las promesas que le hiciera a los indígenas hace justo un año.
Saludos.
Conrado Sanjur
Panamá.
Coordinadora Popular de Derechos Humanos de Panamá, COPODEHUPA.
Coordinadora Nacional Cristiana de Panamá Héctor Gallego, CNCP-HG.
(Información recibida de la Red Mundial de Comunidades Eclesiales de Base)