Diez meses pasaron desde que Haití, país caribeño, fue devastado por un fuerte temblor de tierra. A pesar del tiempo pasado, la población todavía sufre las consecuencias de la catástrofe natural. Se estima que hay más de un millón de personas desalojadas, viviendo en campamentos provisorios, y que por lo menos 500 de estos desamparados están viviendo en condiciones totalmente precarias, sin tener acceso al agua y a servicios sanitarios, y sin participar del plan de alimentación del campamento oficial.
Como si no bastara la pérdida del hogar, mujeres, niñas y hasta niños están ahora expuestos a la vulnerabilidad de la falta de estructura y de seguridad. De acuerdo con relatos recibidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han sido cada vez más frecuentes los casos de violencia sexual dentro de estos lugares que deberían ejercer la función de albergue.
Además, según informaciones recibidas por la CIDH, en por lo menos cinco campamentos están ovurriendo desalojos forzados, realizados por supuestos propietarios de las tierras o por integrantes de las fuerzas públicas. Se estima que cerca de 28 mil personas fueron forzadas a dejar los alojamientos provisorios.
Según las organizaciones que dan asistencia a estos lugares, las agresiones sexuales, que tienen como víctimas hasta niños de 5 años de edad, se realizan la mayoría de las veces durante la noche, por dos o más agresores que generalmente están armados. Para empeorar la situación, las víctimas no reciben atención médica adecuada, mucho menos recursos judiciales, creando así una atmósfera de impunidad que da rienda libre para la actuación de los delincuentes.
Incluso reconociendo los esfuerzos del Gobierno Haitiano para atender las necesidades de esta población, la CIDH destacó la importancia de que el país respete las obligaciones internacionales de derechos humanos en todas las circunstancias, especialmente de las personas más vulnerables.
Por eso, la Comisión envió una carta al gobierno y pidió a las autoridades de Haití que ofrezcan a las personas que fueron expulsadas ilegalmente un nuevo lugar con condiciones mínimas de salubridad y seguridad, y que garantice, fundamentalmente, protección para niños y mujeres.
La entidad solicitó también la adopción de medidas para que se investiguen las agresiones y violaciones sexuales dentro de los campamentos, y providencias para evitar que ocurran nuevos casos. La recomendación de la CIDH es que Haití garantice la presencia de fuerzas de seguridad en esas áreas, en lugares estratégicos como cerca de los baños. También se recomienda mejorar la infraestructura a fin de garantizar más seguridad, como por ejemplo la mejora de la iluminación en los lugares.
Dar curso a las investigaciones judiciales, entrenar a policías para concientizarlos sobre sus deberes cuando luchan con casos de violencia contra las mujeres y garantizar la asistencia médica especializada a las víctimas de violencia sexual, son otras orientaciones de la Comisión de Derechos Humanos.
De acuerdo con relatos publicados en la prensa, se observó que a poco de cumplirse un año del terremoto que dejó buena parte de la capital, Puerto Príncipe, en ruinas, sólo el 2% de los escombros fue retirado de las calles y solamente el 15% de la ayuda financiera y material prometida por diversos países y organizaciones llegó a Haití.
Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com
* Periodista de Adital
