Enviado a la página web de Redes Cristianas
Hay una diferencia entre dar herramientas contra el crimen y dar un cheque en blanco para la represión. Lo primero protege. Lo segundo asusta, porque cuenta muertos a futuro, nombra enemigos a conveniencia y abre cárceles.
En buena parte del Congreso de hoy esa tentación aparece de nuevo. No en el Congreso que fiscaliza, el que pide cuentas. Sino en el Congreso del atajo, el que ahora teme no tener poder suficiente y confunde seguridad con impunidad.
El Perú ofrece hoy un ejemplo doloroso porque la inseguridad es real y el remedio que proponen puede ser peor que la enfermedad.
La delincuencia nos está matando. Eso es verdad. La extorsión en el Callao, en Trujillo, en Lima Norte, es una cruz diaria para el trabajador. Nadie pide mano blanda con el sicario.
Pero el remedio que pide la Bankada de la Cámara de Diputados el 02 de octubre de 2026 no es solo contra el sicario. Es un paquete.
La Comisión de Constitución, con oposición de Juntos por el Perú, aprobó facultades legislativas. Fuerza Popular dice que están «incompletas». ¿Qué falta según su comunicado? Cuatro cosas: meter a las Fuerzas Armadas al apoyo operativo de los penales, actualizar las reglas de uso de la fuerza cuando apoyen a la Policía, declarar a organizaciones criminales como terroristas y reformar el Sistema de Inteligencia y la DINI.
Una necesidad no borra la otra. Combatir la criminalidad no santifica todo lo que hace el Estado con el fusil. Y denunciar que una ley abre la puerta al abuso no es defender delincuentes.
El problema empieza cuando una parte quiere borrar a la otra.
Ese riesgo vuelve hoy con nombre propio: reglas de uso de la fuerza más laxas, militares en penales civiles, «terrorismo» como etiqueta para todo. Y desde el poder se nos dice que hay que «recuperar el orden», que hay que dar «todas las herramientas democráticas», que el Fenómeno El Niño también exige orden.
Pero el Evangelio no dice «recuperen el orden a cualquier precio». Dice «bienaventurados los que trabajan por la paz». Y no hay paz sin justicia.
El revisionismo represivo empieza así: primero se cambia el lenguaje, ya no se dice uso proporcional de la fuerza, se dice «herramientas firmes». Después se cambian los sujetos, ya no hay ciudadano que protesta, solo «enemigo del orden». Finalmente se cambia la memoria, ya no hay víctimas de la represión, hay «daños colaterales por la pacificación».
Y ahí el poder se vuelve intocable.
Porque este país no es ingenuo. Enterró a los muertos de 2022 y 2023. Vio cómo una regla de uso de la fuerza confusa terminó en jóvenes con perdigones en el cuerpo en Ayacucho y Juliaca. Vio cómo la DINI, sin control, sirvió para reglajes y no para atrapar extorsionadores. Vio cómo llamar terrorista a todo el que marcha es la forma más vieja de no escuchar.
¿Cómo va a bendecir ahora esa receta?
El Papa Francisco lo dijo en 2018 en Puerto Maldonado: «No nos es lícito mirar para otro lado». Y León XIV, que conoce el Perú desde Chiclayo, sabe que aquí la seguridad sin control no es protección, es miedo con uniforme.
Sustituir la palabra «represión» por «apoyo operativo» no es un matiz. Es borrar que un penal militarizado sin INPE ni Ministerio Público es una bomba. Es borrar que una regla de uso de la fuerza que permite disparar por «peligro» sin definir peligro es una licencia. Es borrar que declarar terrorista a una banda criminal activa el fuero militar y borra garantías, como ya advirtió la CVR cuando el Estado quiso combatir el terrorismo con terrorismo de Estado.
La historia no exige ser blando con el crimen, porque el crimen no es blando con nosotros. Exige algo más cristiano y más ciudadano: no darle al poder el fusil sin candado.
El Perú continúa cargando con sus muertos porque el poder todavía no ha terminado de hacer su opción. Todavía sobreviven dos estados: uno que pone el uniforme en la calle para cuidar al vecino y otro que lo pone en la puerta del penal, de la marcha y de la redacción del periodista incómodo. Como si pedir reglas claras para disparar obligara a defender al extorsionador. No es así.
Mientras esa lógica no sea superada, cualquier intento de «devolver la paz y el orden» será simplemente una manera de legalizar el miedo.
Pasar a la acción exige primero leer entera la ley que quieren: http://FF.AA. en penales, fuerza letal, terrorismo por decreto, inteligencia sin control. Sin amputaciones convenientes. Con nombres, con responsables, con límites.
Solo después podrá hablarse de seguridad.
Y seguridad no es impunidad para el que dispara.
Seguridad es justicia, proporcionalidad, control judicial y garantía de no repetir Ayacucho ni el Callao ensangrentado. Todo lo demás es liturgia del orden vacía.
No olvidar. No bendecir el fusil sin control. Y finalmente, dar herramientas. ¡PERO CON CANDADO PRIMERO!
02 de octubre del 2026._
Perú.