El compromiso que han alcanzado el Gobierno y la Conferencia Episcopal sobre los profesores de religión me recuerda al cuento de la montaña que tras dar grandes voces parió un simple ratoncillo. Hasta ahora la contratación y el despido de estos docentes dependen de la Iglesia y los pagos del Estado tanto en lo que se refiere a la retribución por su trabajo como a las indemnizaciones por despido.
Pero aunque con el nuevo acuerdo la contratación deberá ser «indefinida» en vez de «por cursos» y el despido «motivado jurídicamente», el resultado seguirá siendo el mismo. Tanto si los tribunales consideran procedente ese despido como si no, la Iglesia será quien contrate y despida y el Estado quien pague.
¿Qué cambia a efectos prácticos? También a mí me gustaría saberlo, pero al menos con los datos que conocemos me temo que no mucho. La mayor estabilidad en el empleo que supone el contrato indefinido y la obligación de motivar el despido representan, como ha dicho la vicepresidenta De La Vega, «más derechos laborales» para estos profesores; pero el fondo del asunto no cambia. Desde el punto de vista de que el nuevo acuerdo estrecha un poco el margen de arbitrariedad de la parte contratante, el obispo de cada diócesis, respecto a la parte contratada, los profesores, bienvenido sea. Pero mientras el obispo sea soberano para contratar y despedir y al Estado solo le toque ‘pagar’, la discriminación de los profesores de religión respecto al resto de los docentes que cobran del dinero público -que es la ‘madre’ de este ‘cordero’- persistirá.
Con el Concordato en vigor entre la Iglesia Católica y el Estado español la verdad es que no puede ser de otra manera. El obispo contrata y despide y el Estado paga. Pero la cuestión, desde mi punto de vista, no es el huevo -la discriminación laboral de profesores de religión- sino el fuero; es decir, si un Estado aconfesional como el español debe sufragar con fondos públicos la enseñanza confesional de la religión. Por ser más rigurosos: de ‘las religiones’, porque la reciente decisión del Gobierno de extender las subvenciones a la enseñanza de la Religión católica a las demás confesiones con arraigo social de nuestro país -judíos, musulmanes, protestantes- para hacer efectivo el mandato constitucional de no discriminar a nadie por la fe que profese ha venido a complicar aun más las cosas; pero, claro, ¿quién le pone el cascabel a este gato? Parecía que Zapatero iba a atreverse, pero a la vista está que no.