El colectivo ciudadano ha informado que el viernes por la mañana se produjo una reunión donde se exploraron las posibilidades de un acuerdo que dé solución al «conflicto social abierto»
La Junta de Extremadura y los Campamentos Dignidad de Extremadura han abierto una vía de diálogo sobre la renta básica, la principal reivindicación de este colectivo, gracias a la mediación del sacerdote y escritor Jesús Sánchez Adalid.
Se produjo en una reunión en la mañana del pasado viernes, 10 de enero, con la participación del director general de Política Social y Familia, Juan Bravo, y una delegación de los Campamentos Dignidad integrada por Diego Nogales, Petra Parejo, María Luisa Prudencio y Manuel Cañada, según ha informado hoy este colectivo ciudadano en un comunicado.
Varios cientos de personas se manifestaron la tarde del pasado viernes en Mérida para reclamar el pago inmediato de la renta básica; agua, luz y gas como derecho universal; el fin de los desahucios; y la creación de 25.000 empleo públicos, una marcha que contó con el apoyo de Julio Anguita, líder del Frente Cívico ‘Somos Mayoría’.
La manifestación cerró el encierro de 19 días protagonizado por un grupo de activistas de los Campamentos Dignidad de Extremadura, con las mismas reivindicaciones, en la Concatedral de Santa María de Mérida.
Los Campamentos Dignidad han informado hoy de que en la reunión se exploraron las posibilidades de un acuerdo que dé solución al «conflicto social abierto», y han destacado la tenacidad y la sensibilidad de Sánchez Adalid como mediador.
A Sánchez Adalid se le vio el viernes en la rueda de prensa que dio Anguita en el lugar del encierro.
Ambas partes, según las mismas fuentes, acordaron celebrar una reunión antes del 24 de enero y en ella el Gobierno regional responderá a la propuesta reivindicativa que se le ha presentado.
El documento expone en primer lugar con números la situación de paro, pobreza y precariedad que hay en la región, y en un segundo punto concluye que la renta básica ha sido un «fracaso minuciosamente organizado».
Por ello, propone seguidamente que se garantice el cobro de la ayuda a al menos 8.000 personas antes del próximo 28 de febrero y que el número mínimo de perceptores al acabar el año sea de 12.000.
Los Campamentos Dignidad enumeran en el documento, por último, una serie de instrumentos para conseguir esos dos objetivos, entre ellos, la eliminación de las restricciones incluidas en el Reglamento de la ley.