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EXPERTOS CREEN QUE LA LIBERTAD RELIGIOSA DEBE SER UN DERECHO Y NO UN PROBLEMA

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Pluralismo y Convivencia

Los estados democráticos deben favorecer y garantizar la libertad religiosa de sus ciudadanos de manera que su ejercicio sea «un derecho fundamental y no un problema» que origine dificultades para la convivencia entre las personas. Esta es una de las principales conclusiones de la primera jornada del congreso «Estado Español, libertad religiosa y principios ético-cívicos» organizado por el Colegio Universitario de Segovia en el que investigadores, profesores y representantes de distintas confesiones religiosas debatirán sobre la relación del estado con las distintas religiones y sus posibilidades de cooperación.

En conferencia de prensa, el coordinador del congreso y catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, Alberto de la Hera señaló que el hecho religioso «es consustancial al hombre y condiciona su vida privada y pública, por lo que las sociedades democráticas han creido oportuno su garantía a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que le contemplan como un derecho de primera generación».

Indicó que la libertad de culto «es la primera en desaparecer en los regímenes autoritarios y la última que recuperan los países cuando recuperan su libertad, ya que los estados tienen siempre la tentación de controlar esta forma de pensamiento a través de prohibiciones e incluso en algunos casos con medidas extremas como la pena de muerte».

Por su parte, el obispo de la Iglesia Española Reformada Episcopal Anglicana, Carlos López Lozano destacó el concordato que la Iglesia Católica tiene firmado en España con el Gobierno y aseguró que esta fórmula de colaboración «es perfectamente legítima, pero debe extenderse a otras confesiones a través de medidas que permitan una discriminación positiva hacia las minorías religiosas».

López Lozano recordó que en España la iglesia Anglicana «tenía un gran número de parroquias antes de la Guerra Civil, pero la represión franquista esquilmó muchos de nuestros bienes, y actualmente tenemos problemas para adquirir locales y terrenos para construir nuestros templos debido a los problemas que encontramos en las Administraciones locales para las autorizaciones».

En este sentido, puso como ejemplo la situación que los anglicanos viven en el Levante español, donde «tenemos una población de 1,5 millones de británicos, muchos de ellos anglicanos, a los que no podemos atender, porque tenemos que celebrar nuestros servicios religiosos en hoteles o en templos católicos al no contar con templos propios».

La opinión del obispo anglicano fue rebatida por la vicedecana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo, María José Villa, que aseguró que las relaciones entre el Estado y las confesiones religiosas deben entenderse «desde el ordenamiento jurídico vigente y no a través de privilegios o discriminaciones».

María José Villa indicó que la normativa jurídica española, «está basada en la Constitución y reconoce el derecho de las distintas confesiones religiosas a negociar su status con el Estado, y debe ser su capacidad de negociación la que permita conseguir una situación equiparable al del resto de confesiones».

Por otra parte, el vocal de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa del Ministerio de Justica, Lorenzo Martín Retortillo, se refirió a la polémica generada en algunos países europeos por la prohibición o limitación del uso de ropajes como el «burka» en determinadas confesiones religiosas de corte islamista, y aseguró que su utilización «no es lógica en lugares y sitios determinados como en centros educativos».

Martín Retortillo indicó que «si un estado es laico y su organización educativa también lo es, deben respetarse unas reglas objetivas, en las que no cabe el uso de ningún símbolo religioso, y así debe ser entendido, con independencia de que puedan utilizarse libremente en los templos o en el ámbito privado».

El congreso, que tiene lugar en el marco de las actividades académicas organizadas con motivo de la clausura de la actividad de este centro, que el próximo año pasa a depender de la Universidad de Valladolid, concluirá hoy con la intervención del Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, que hablará sobre «La Constitución Española y la libertad religiosa».

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