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Exigencias ciudadanas al TEPJF -- Miguel Concha Malo

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La Jornada

La Red de Solidaridad Sacerdotal es un grupo de presbíteros católicos de diferentes regiones del país. La semana pasada emitió un pronunciamiento sobre el proceso electoral, luego de haberlo analizado en su más reciente asamblea anual, desde la perspectiva del poder y la autoridad en Jesús de Nazareth.

En él reconoció aspectos positivos, como el número de personas inscritas en la lista nominal con posibilidad de votar, que constituye una de las 10 listas más grandes del mundo; la participación ciudadana numerosa el día de las elecciones, particularmente la de las y los jóvenes; el alto porcentaje de casillas que no obstante las dificultades se pudieron instalar; la transparencia en el conteo de los sufragios en las mesas de votación, y la realización de diversos foros y espacios de debate entre los candidatos a diferentes cargos.

Pero señala como aspectos negativos, la inequidad del proceso electoral en el uso de recursos en los medios de comunicación, cargados hacia la candidatura presidencial de uno de los contendientes; el de-saliento de votantes o la inducción del voto en favor de éste por medio de encuestas, y «la compra del voto y el lucro que se hace con la pobreza, ejercicio aberrante en el que incurren todos los partidos».

Percibe, además, un desencanto en la ciudadanía con relación a estos institutos políticos, «no arraigados en la base de la sociedad, y por ende lejanos a los problemas sentidos por el pueblo pobre», lo que se manifiesta, entre otras cosas, «al seleccionar a los candidatos desde la cúpula partidista, haciendo a un lado a la militancia».

Y afirma que la ley electoral no provee todavía a la ciudadanía de instrumentos jurídicos que le garanticen una efectiva participación en la configuración del poder político. Entre los que señalan, la relección de presidentes municipales, la segunda vuelta, la reglamentación de las candidaturas independientes, la revocación del mandato, la rendición de cuentas y la eliminación del fuero.

Concluye constatando con tristeza la lejanía que se dio en nuestro país entre los anhelos democráticos y la realidad que se manifestó en el pasado proceso electoral, enfatizando que el pueblo «no es un puñado de clientes a los que se puede ver como votos potenciales a través de la compra, sino una comunidad de ciudadanos que aspiran a ser sujetos de su propio destino».

Invita, finalmente, a enriquecer conjuntamente la democracia, «dándole seguimiento puntual a la gestión de las autoridades emanadas de la elección; fortaleciendo la presencia de la Iglesia en los acontecimientos y procesos sociales, y aportando en la base de la sociedad formación democrática y mística, para mantener la esperanza en una sociedad lastimada por la injusta pobreza, la violencia, la inseguridad, la corrupción y la impunidad».

Por otro lado, La Jornada informó oportunamente el miércoles que 70 miembros y dirigentes de organizaciones sociales de toda la República se dirigieron el martes a los magistrados y a la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para exigirles que se asuman como un órgano autónomo de Estado, como un verdadero tribunal de constitucionalidad, garante por ello de la soberanía popular en el Poder Judicial, y que no pasen por alto las irregularidades ocurridas en los comicios del primero de julio. Que no simplemente validen con argumentos legales el triunfo de un candidato que violó las normas, de-sobedeciendo así el mandato de nuestra ley fundamental, y mellando también con ello gravemente la confianza de la ciudadanía en las instituciones de la República.

«El mandato del IFE y del TEPJF es la garantía y salvaguardia de los principios constitucionales que la Carta Magna estableció como rectores de elecciones auténticas en nuestro país, y del principio del sufragio libre para el acceso a los puestos de elección popular, también consagrado en la Constitución», dicen con acierto los dirigentes de estas organizaciones civiles y sociales.

“Dicha responsabilidad –añaden– comprende el proceso en su totalidad, y no se reduce a la jornada electoral, ni a los recuentos de sufragios correspondientes.” “El IFE y el TEPJF –concluyen– deben asumirse como instituciones de constitucionalidad en primer término, y de ninguna manera eludir su responsabilidad, sobreponiendo a la Constitución, de forma mecánica y trivial, disposiciones de carácter meramente legal.”

Entre las irregularidades destacan el rebase del tope de campaña y la actuación «parcial y tendenciosa» de los medios de comunicación en beneficio de un candidato; la contratación de encuestadoras «que rebasaron con mucho los márgenes de error aceptables, haciendo creer a la opinión pública que uno de los candidatos contaba con preferencias irreversibles», las cuales resultaron totalmente fuera de la realidad, y la utilización masiva de mecanismos refinados y burdos de compra y coacción del voto.

“Ante estos hechos –expresan–, ni el IFE ni el TEPJF, como garantes constitucionales del proceso electoral, pueden refrendar impunemente el triunfo de un candidato que obtuvo votos bajo esas circunstancias.”

Por otro lado, también el Movimiento por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas expresó lo siguiente a este respecto en un manifiesto dado a conocer el miércoles, del que nos ocuparemos más ampliamente después: «Exigimos que el TEPJF incorpore en la calificación de la elección presidencial todos aquellos elementos de prueba que se le han presentado y que se asuma como lo que es: un tribunal constitucional y no sólo de legalidad.»

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