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Excluidos a la fuerza -- Juan de Dios Regordán Domínguez

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“Los excluidos a la fuerza” es algo que impresiona. El Observatorio de la Infancia – dependiente del Ministerio de Sanidad – indica que el año 2011, más de cuarenta mil menores en España fueron separados de sus familias biológicas. Los servicios sociales asumieron la tutela, al entenderlos en situación de riesgo. Su destino, un internado o una familia de acogida, temporal o permanente, en cuyo caso son dados en adopción, normalmente a la misma familia de acogida. Destacó Cataluña en 2011 abriendo7.440 expedientes de desamparo. Sabemos también, por algunas licitaciones que en Cataluña, cada niño internado supone unos 4.000 euros al mes que se embolsa el establecimiento. Detrás de estos centros hay algunas fundaciones que han sido investigadas.

La fundación RESILIS se hizo con la concesión para explotar 13 plazas para menores tutelados en un centro de Rubí (Barcelona) durante 2013 por unos 600.000 Euros al año. Esto supone mucho dinero, mientras familias pierden a sus hijos precisamente por no tenerlo. Una señora con tres hijos menores, después de perder el empleo y no encontrar otro, recibió la dura propuesta siguiente: “Si no tienes nada para darles de comer a tus tres hijos, te los vamos a quitar”. La reacción brusca y primaria es lanzar con dureza: “La pobreza nunca puede ser motivo para quitarle los hijos a sus padres”. Además de la justicia que debe imperar para todos, existe también la solidaridad.

En casos de desahucios, las administraciones se apresuran a enviar a asistentes sociales para interesarse por el destino de los menores. Así ha sucedido en recientes desahucios en Cataluña en los que los Servicios Sociales se llevaron a los menores. Esto destroza a esas familias. La Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA) de la Generalitat catalana es una de las instituciones de menores que recibe críticas. Así lo atestigua Ana María Pascual en su artículo: “Pobres hasta para tener hijos”.en el que también afirma que aumentan las denuncias de familias a las que la Administración retira la custodia por penurias económicas.

Son niños excluidos a la fuerza. Hijos arrancados de sus familias porque la Administración los considera en riesgo por acudir a solicitar sus padres ayuda a los Servicios Sociales por motivos económicos. Mientras, los Centros que acogen a esos menores reciben de las Comunidades Autonómicas unos 4000 Euros al mes por cada niño. No parece la mejor manera de ayudar a los menores. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España a indemnizar a una madre española con 30.000 Euros a la que los Servicios Sociales Andaluces arrebataron a su hija de tres años, en 2005, después de que la mujer acudiera a ellos para pedir ayuda económica.
“El Gobierno español debió barajar otras medidas menos radicales para recabar la tutela de la menor” indica la sentencia, que recuerda que los Servicios Sociales deben ayudar a las personas en dificultades, todo lo contrario de lo que hicieron con esta madre que aún no ha recuperado a su hija, sin que al parecer, existiera motivo para que la niña fuera separada de su madre. ¿No se podría entregar a la familia afectada esos 4.000 Euros mensuales? No sólo solucionaría la atención al niño sino a la totalidad de la familia. El desarraigo que la persona sufre en estos internados, además de destrozar a familias normales, dejarán huellas para el futuro en aquellos niños maltratados por la Administración. El derecho natural de ser padre y madre debe ser potenciado por la sociedad y por las administraciones huyendo de la búsqueda de intereses económicos favoreciendo a organizaciones creadas al efecto.

juandediosrd@hotmail.com

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