A dos años de la movilización de los «indignados» del 15-M, el movimiento sigue vivo y algunas de sus peticiones se han hecho realidad.
Los desahucios de viviendas por impago de la hipoteca pasaron a un primer plano del debate en la sociedad y llevaron al gobierno a modificar el sistema hipotecario, aunque no atendió todas las reclamaciones de los afectados.
La Plataforma de afectados por la hipoteca (PAH) ha paralizado más de 650 desahucios, según su portavoz, Ada Colau.
La PAH «había nacido antes del 15-M pero con el 15-M se genera una organización territorial de la noche a la mañana, que era necesaria contra los desahucios», afirmó hoy Colau.
Colau defiende que su plataforma «está ganando cada vez más la capacidad de negociación» y que «hemos visto que los bancos tienen también un punto débil».
El movimiento de los «indignados» se formó el 15 de mayo de 2011 con protestas pacíficas y acampadas en plazas de varias ciudades del país -la más numerosa en la Puerta del Sol de Madrid- en contra de la corrupción de los políticos, banqueros y empresarios y a favor de una democracia más participativa.
En estos dos años el número de desempleados aumentó en España de los 4,5 millones hasta los 6,2 millones (el 27% de la población, porcentaje que se eleva al 57% entre los jóvenes).
Democracia Real Ya (DRY), plataforma fundadora de los «indignados», pidió la publicación del patrimonio de los cargos públicos, lo que los principales partidos han hecho, y también el Congreso y el Senado, que difunden ahora los datos en Internet.
Las plataformas también pidieron la eliminación de gastos «inútiles» de las administraciones públicas.
El gobierno ha reducido un 66% el número de vehículos oficiales y algunos gobiernos regionales han eliminado el salario de los diputados.
Del movimiento de los «indignados» surgieron las «mareas» blanca y verde de la sanidad y la educación, respectivamente, que periódicamente se manifiestan en contra de los recortes aprobados por el gobierno en estos sectores. Los «indignados» también pidieron un cambio de la ley electoral, que defienden partidos minoritarios desfavorecidos por la actual (Ley D’Hondt), como Izquierda Unida (IU) y Unión, progreso y democracia (UPYD). Por ahora no está sobre la mesa la posibilidad de que los «indignados» se conviertan en un partido político y se presenten a las próximas elecciones generales, previstas para 2015.
«Un movimiento ciudadano no tiene por qué convertirse en un partido político», respondió Colau, sobre la que se ha dicho no obstante que podría presentarse en las listas de IU.